La Resolución Nº 079/26 del ENRE que otorga a Vicuña una prioridad del 90% sobre la capacidad de transporte eléctrico en el norte de San Juan por 25 años es la chispa que encendió un conflicto entre mineras y puso en jaque la promesa de “reglas claras” para la inversión, según Euro Hoy. El megaproyecto Vicuña agrupa los pórfidos Josemaría y Filo del Sol y declara una inversión mínima de USD 7.100 millones, con una demanda inicial estimada en 260 MW y una obra de unas 220 km de líneas, según la misma cobertura. Ese paquete de cifras resume por qué el episodio importa: no es una disputa técnica menor, sino una disputa que puede reordenar quién accede a dólares privados en una provincia clave.

El nudo técnico: capacidad diseñada versus capacidad real

En los papeles, el corredor debería soportar 500 MW; en la práctica, opera por debajo de ese umbral, según Euro Hoy. Vicuña solicita ampliar la red para una demanda de 260 MW y propone financiar la readecuación de transformadores y la construcción de 220 kilómetros de líneas, con costos de financiamiento privado estimados entre USD 400 y 500 millones, de acuerdo con la nota. Transener, CAMMESA y las distribuidoras habrían validado la viabilidad técnica del expediente, pero la discusión central es si la prioridad del 90% se limita a la nueva capacidad o si impacta también sobre la infraestructura preexistente. Esa diferencia técnica es la que transforma un arreglo de mercado en un potencial cuello de botella para otros proyectos.

¿Cómo impacta esto en la inversión extranjera?

Los inversores miran dos cosas: la rentabilidad del proyecto y la previsibilidad del marco regulatorio. Aquí ambas están en tensión. Si una autoridad concede derechos largos y exclusivos de hecho sobre activos de transporte público, se introduce una prima de riesgo regulatorio que los mercados descuentan en el precio del financiamiento. En un momento en que, según la nota, el país opera con un riesgo país superior a 500 puntos, cualquier aumento de incertidumbre empuja al alza el costo de capital y diluye la atracción de los USD 7.100 millones anunciados por Vicuña. Además, empresas como Los Azules ya advierten que deberán rearmar su ingeniería energética y replantear desembolsos de Capex, lo que retrasa la llegada de divisas privadas que la provincia y el país necesitan.

¿Quién gana y quién pierde con esa prioridad?

La prioridad del 90% beneficia en lo inmediato al proyecto que la recibe: le reduce el riesgo operativo y facilita la monetización de su inversión. Sin embargo, transforma a un activo público —la capacidad de transporte eléctrico— en un factor de poder privado que puede condicionar la competencia. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) de San Juan presentó objeciones procedimentales y pidió una Audiencia Pública, argumentando que tal prioridad puede subordinar el interés general a un interés privado, según Euro Hoy. Gobernación intenta bajar la temperatura política, pero la tensión territorial entre intendentes y proyectos muestra que el asunto no es solo técnico: es también distributivo y político.

Qué debería hacerse para restaurar confianza y acelerar inversiones

Primero: transparencia y límites. Cualquier prioridad sobre infraestructura pública debe estar explícita, acotada en el tiempo y condicionada a cláusulas de acceso abierto auditables por terceros. Segundo: procesos competitivos. Subastas o contratos que permitan participaciones conjuntas o compensaciones técnicas reducen la percepción de captura. Tercero: reglas institucionales fuertes. El ENRE y los reguladores provinciales deben coordinar procedimientos, con audiencias públicas y plazos claros para evitar decisiones ad hoc. Vemos que, sin estas correcciones, la promesa del RIGI —atraer dólares privados a cambio de reglas claras— corre el riesgo de convertirse en negocio para pocos y freno para muchos. Reclamamos transparencia regulatoria y certidumbre: no hay acumulación de inversión creíble sin reglas públicas y verificables.