En el Congreso Anual del IAEF celebrada el 3 de junio de 2026, el sector privado trazó un diagnóstico claro: “las cuentas públicas están ordenadas, pero el crecimiento productivo no arranca por falta de crédito y por el cepo cambiario” (PERFIL, 3/6/2026). Además, PERFIL señala que el Súper RIGI multiplicará distorsiones sobre un rojo fiscal que el RIGI ya generó por USD 1.800 M. Ese contraste —estabilidad macro sin inversión privada suficiente— es el eje de la discusión pública.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Vemos una economía que reacciona a dos velocidades: sectores extractivos y exportadores muestran dinámicas favorables, mientras que la industria y las pymes siguen asfixiadas. En el congreso, ejecutivos destacaron que las altas tasas limitan el crédito comercial y que el cepo, con sus “trabas cruzadas”, impide operaciones internacionales que justifican inversiones a gran escala (PERFIL, 3/6/2026). El propio dueño de La Anónima advirtió que la competitividad se erosiona por impuestos y por la informalidad: según PERFIL, uno de cada tres celulares vendidos en el país y cerca del 70% de los perfumes ingresan por contrabando, lo que golpea márgenes y desalienta inversiones formales.

Ese escenario tiene traducido directo en empleo y demanda interna. Cuando la inversión productiva se atrasa, el efecto sobre la creación de trabajo es limitado; y recordamos que el salario es también demanda. Por eso la discusión sobre tasas o apertura cambiaria no puede desentenderse del objetivo de sostener consumo y empleo.

¿Por qué el cepo y las tasas generan una “economía a dos velocidades”?

El relato empresarial tiene elementos ciertos: la incertidumbre sobre la disponibilidad de divisas y la falta de acceso al crédito en condiciones razonables elevan el costo del capital para inversiones de largo plazo. En el panel se señaló que el Banco Central aplicó una política monetaria dura y que ahora bajar tasas es una decisión de política monetaria —pero la transmisión a crédito real no es automática (PERFIL, 3/6/2026). Además, la existencia de incentivos fiscales puntuales (RIGI) ha atraído dólares a ciertos sectores, pero a costa de un costo fiscal que ya fue cuantificado por la prensa en USD 1.800 M.

El problema es la combinación: controles que limitan operaciones y tasas que encarecen el crédito generan un castigo relativo a actividades intensivas en capital y empleo formal. En paralelo, la informalidad y el contrabando reducen la rentabilidad de quienes cumplen las reglas, profundizando la fragmentación del mercado interno.

¿Quién gana y quién pierde con el status quo?

Hay ganadores claros: sectores extractivos con acceso a dólares y empresas que aprovechan regímenes especiales. También hay perdedores evidentes: pymes que dependen de crédito local, industrias que compiten con productos ilegales y trabajadores que pagan el costo en empleos estancados o precarizados. Al mismo tiempo, no hay solución mágica: una liberalización cambiaria inmediata sin contrapartidas puede agravar la fuga de capitales y minar fuentes de financiamiento públicas que protegen jubilaciones y programas sociales.

Del diálogo del IAEF se extrae un reclamo legítimo por reglas claras y menor carga tributaria distorsiva. Pero también observamos que parte de la agenda empresarial pone el énfasis en medidas que benefician al capital sin garantizar contraprestaciones sociales. La política pública debe equilibrar ambas demandas.

Qué políticas proponemos para destrabar inversión —sin cargar el ajuste sobre jubilaciones ni salarios—

Rechazamos financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios. Proponemos medidas concretas: usar de forma focalizada recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para líneas de crédito a pymes y proyectos de inversión productiva; reempadronar y focalizar programas sociales para proteger consumo y empleo; abrir ventanillas específicas para la importación de bienes de capital con plazos y garantías; y atar regímenes como el RIGI a metas de generación de empleo y encadenamientos productivos (todo esto sin perder control sobre fugas de divisas, con regulaciones prudentes).

También es imprescindible atacar la informalidad: reforzar controles aduaneros y coordinación federal para reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos en los tramos que castigan producción. Sin reglas claras y sin un banco de proyectos que canalice crédito barato hacia inversiones productivas, seguiremos viendo una macro ordenada que no alcanza para recuperar el empleo y la producción.

En síntesis, la demanda empresarial por acceso al crédito y por menos trabas cambiarias es real y condiciona el crecimiento. Pero la política pública no debe responder con más ajuste sobre los ingresos de los hogares. Lo que hace falta es combinar administración cambiaria inteligente, crédito público focalizado y lucha decidida contra la informalidad para que la estabilidad macro termine siendo un motor de crecimiento inclusivo.