La CEPAL advirtió en el XXXVIII Seminario Regional de Política Fiscal que la deuda pública regional llegó a 52,3% del PIB en 2025 y que la volatilidad externa obliga a fortalecer la política fiscal para preservar la inversión social y la estabilización macroeconómica (CEPAL, 14/05/2026). Este diagnóstico combina un dato concreto —el aumento de la deuda desde 51,9% en 2024— con una recomendación explícita: avanzar en movilización de recursos internos y mejorar la calidad del gasto.
¿Qué dijo la CEPAL y por qué importa?
La CEPAL plantea que la región enfrenta “trampas del desarrollo”: baja capacidad de transformación, alta desigualdad y limitadas capacidades institucionales, agravadas por choques externos (CEPAL, 2026). En términos fiscales, el informe muestra que los ingresos tributarios promedio alcanzaron 21,7% del PIB, un aumento de 0,2 puntos respecto del año anterior, mientras que el déficit global promedio se redujo a 2,9% del PIB (CEPAL, 2026). El reporte destaca además una brecha de cumplimiento del impuesto sobre la renta de personas físicas estimada entre 0,33% y 0,93% del PIB en una muestra de cinco países, lo que abre margen para mejorar recaudación sin subir tasas nominales (CEPAL, 2026).
Es relevante porque plantea que no se trata solo de equilibrio contable: fortalecer la recaudación y la gobernanza fiscal son instrumentos para proteger políticas sociales y la cohesión democrática frente a volatilidad externa. La CEPAL también subraya la necesidad de instrumentos amortiguadores, como fondos soberanos, y de fortalecer capacidades técnicas del Estado (CEPAL, 2026).
¿Cómo impacta esto en Argentina?
Para Argentina el llamado de la CEPAL es simultáneamente una advertencia y una hoja de ruta parcial: advertencia por la exposición a choques externos (precios de energía y fertilizantes) y hoja de ruta en materia tributaria y de gestión del gasto. Repetimos el dato regional porque sirve como referencia: la brecha estimada en el IRPF (0,33–0,93% del PIB) muestra que hay margen para mejorar la equidad y la recaudación mediante mejor fiscalización y facilidades para el cumplimiento (CEPAL, 2026).
Vemos tres implicaciones concretas: primero, que la recaudación debe reforzarse por la vía de la administración y el cierre de espacios de evasión, no solo por aumentos indiscriminados de alícuotas; segundo, que la calidad del gasto debe orientarse a inversión productiva y protección social bien focalizada; tercero, que instrumentos como fondos soberanos o reservas fiscales pueden amortiguar choques de precios y tasas, pero exigen reglas claras y transparencia (CEPAL, 2026).
¿Qué políticas debemos evitar y cuáles proponemos?
Rechazamos que la estabilización se financie con recortes a jubilaciones o salarios: bajar ingresos populares erosiona la demanda y el empleo, y por tanto la propia recaudación. Coincidimos con la CEPAL en que hay que fortalecer la recaudación, pero insistimos en el diseño distributivo: medidas administrativas para cerrar la brecha del IRPF, uso de tecnologías de fiscalización y alivio dirigido para quienes realmente lo necesitan (CEPAL, 2026).
Proponemos medidas concretas y coherentes con nuestra postura previa: 1) reempadronamiento de beneficiarios y actualización de bases de datos para focalizar gasto social; 2) uso focalizado y temporal del FGS para proteger empleo y consumo en sectores en tensión, evitando usos indiscriminados del fondo; 3) topes temporales a aumentos tarifarios sobre hogares de ingresos bajos y pymes mientras se avanza en eficiencia y subsidios focalizados; 4) fortalecer capacidades TOPP del Estado para evaluar gasto y ajustar programas según impacto. Todo esto converge con la recomendación de la CEPAL: más recursos propios, mejor gasto y mayor resiliencia institucional (CEPAL, 2026).
