Lácteos Verónica y SanCor no son sólo nombres: son fábricas que hoy concentran empleos, proveedores y movimiento económico local. Lácteos Verónica acumula cinco meses de parálisis y dejó sin cobrar a su dotación de 700 empleados más de tres meses de salarios; además, suma casi 4.000 cheques sin fondos, según la cobertura disponible (iProfesional, 13/5/2026). SanCor llegó a una quiebra con continuidad, con deudas señaladas por la Cooperativa Eléctrica de Gálvez por más de 170 millones de pesos y la Justicia ordenando custodia de 178 operarios en sus plantas (iProfesional, 13/5/2026). En conjunto, entre ambas firmas hay en riesgo casi 1.500 puestos de trabajo (suma de 700 y casi 800, iProfesional, 13/5/2026).
¿Qué pasó y qué sabemos?
Vemos un proceso con datos concretos y una narrativa de deterioro previsible. En el caso de Lácteos Verónica, la paralización lleva cinco meses y la empresa habría rechazado oferentes que, según intendencias locales, ofrecían el valor real de las plantas; además hay denuncias sobre decisiones tomadas con anticipación de al menos dos años (iProfesional, 13/5/2026). En SanCor la situación fue calificada por autoridades provinciales como una insolvencia estructural y la Justicia dispuso medidas para garantizar la continuidad mínima de las plantas: pidió un listado de personal esencial y el gremio desplegó 178 operarios, de los cuales 154 se ubican en producción y 24 en soporte administrativo (iProfesional, 13/5/2026). También está el antecedente de movilizaciones y bloqueos iniciados en octubre de 2023, que en algunos casos se prolongaron por hasta diez meses y complicaron la operativa (iProfesional, 13/5/2026).
¿Cómo impacta esto en las localidades y el empleo?
El golpe es local y multiplicador. El intendente de Suardi calcula que dejaron de circular 220 millones de pesos mensuales por efecto del freno de Lácteos Verónica, una cifra que representa caída de consumo en comercios y servicios de pequeñas economías regionales (iProfesional, 13/5/2026). Para los trabajadores, la pérdida no es sólo ingresos: a los 55 años, como recordaba un intendente, resulta mucho más difícil reconvertirse laboralmente. Además, la inestabilidad de pagos y los cheques rechazados impactan sobre miles de proveedores y cobran fuerza los efectos de arrastre en la cadena de valor. Observamos también una redistribución de renta: mientras la empresa acumula deudas, los proveedores y trabajadores son quienes cargan el costo real de la crisis. En hogares, esto suele traducirse en mayor presión sobre tareas de cuidado no remuneradas, que recaen con frecuencia en mujeres, y en una caída del consumo local.
¿Qué debería hacer el Estado en lo inmediato?
Partimos de una premisa: la estabilización no puede financiarse con recortes a jubilaciones o salarios. Proponemos medidas concretas y condicionadas. Primero, reempadronamiento urgente de beneficiarios, trabajadores y proveedores vinculados a las empresas para identificar a quiénes proteger y evitar fugas de recursos. Segundo, uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como puente para garantizar el pago de salarios y la operación mínima de plantas críticas, condicionado a planes de venta transparente o reconversión productiva supervisada. Tercero, insistir en la exigencia de venta ordenada de activos y en mecanismos que impidan el vaciamiento patrimonial previo a una transferencia. Estas herramientas deben estar atadas a planes de mantenimiento de empleo y a auditorías públicas, para que la intervención no se convierta en subsidio indefinido a los accionistas.
¿Y a mediano plazo, cómo evitamos repetidos derrumbes?
La cuestión estructural exige políticas industriales activas. No alcanza con resolver casos puntuales: necesitamos crédito productivo dirigido a la cadena láctea, incentivos a la incorporación de valor en origen y reglas que hagan viable la reconversión de plantas obsoletas. También es imprescindible regular mejor las ventas de activos estratégicos y contar con protocolos para casos de insolvencia que prioricen continuidad laboral y producción, incluyendo formas de administración temporaria que faciliten la reventa ordenada. Comparando la experiencia reciente con la historia argentina, vemos que las soluciones parciales y las condicionalidades que no protegen el empleo terminan en más pobreza. Por eso sostenemos, coherentes con posiciones previas, que la protección del salario y de las jubilaciones debe ser bandera al diseñar cualquier intervención estatal (posiciones internas, abril-marzo 2026). El objetivo tiene que ser claro: preservar trabajo y producción sin cargar la estabilización sobre los sectores más vulnerables.
