Qué propone la nueva Inocencia Fiscal

La versión que releva El Cronista apunta a ampliar el universo de adhesión y reducir las “zonas grises” que hoy excluyen contribuyentes por la venta puntual de un activo. En la práctica, el texto original limita el acceso a personas humanas y sucesiones indivisas con topes de ingresos brutos por $1.000 millones y un patrimonio de $10.000 millones (El Cronista); los asesores fiscales propusieron eliminar o aclarar esos parámetros para evitar que ventas extraordinarias descalifiquen a quienes tienen ahorros no declarados. También se discuten las causales de pérdida de beneficios: hoy ARCA toma como alerta una discrepancia del 15% sobre saldos a favor o ajustes que superen $100 millones, criterios que los asesores consideran demasiado rígidos y que, dicen, podrían corregirse antes de una determinación de oficio (El Cronista). La prórroga de vencimientos hasta el 27 de julio de 2026 figura en la Resolución General 5851/2026 (Boletín Oficial), lo que ofrece plazo para reglamentaciones complementarias.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

La promesa oficial es simple: que el ahorro que ahora está “debajo del colchón” entre en el circuito financiero y se traduzca en inversión. Es plausible que, si la norma aumenta adhesiones, una parte de esos dólares migre a depósitos o instrumentos financieros, mejorando la liquidez bancaria y potencialmente las reservas netas. El punto crítico es la confianza: según declaraciones del ministro en el 43° Congreso del IAEF, se busca un sistema bimonetario similar al uruguayo, con transacciones de alto monto en dólares; sin embargo, sin garantías claras sobre que esos depósitos no serán utilizados para financiar gasto corriente del Tesoro, los mercados no aumentarán la calificación del riesgo-país ni bajarán prima de riesgo. La extensión administrativa hasta el 27 de julio (Resolución 5851/2026) ofrece tiempo, pero no reemplaza aún anclas fiscales medibles.

Riesgos fiscales y cambiarios

El principal riesgo es que la formalización funcione de hecho como un paso previo para reasignar saldos en dólares al balance público sin contrapartida fiscal. Si la operación genera mayor colocación de divisas en cuentas locales pero el Tesoro obtiene acceso a esos fondos vía mecanismos fiscales o presión sobre el BCRA, estaríamos ante un financiamiento encubierto. La experiencia argentina muestra que controles o incentivos mal diseñados terminan generando brechas cambiarias y pérdida de reservas netas; no hay cepo benigno. Además, las reglas de comprobación —la cláusula del 15% y el umbral de $100 millones— pueden generar litigios y desalentar adhesiones si se aplican de forma estricta. Por eso, la medida necesita simultáneamente límites fiscales explícitos, supervisión independiente de ARCA y una garantía real de que el BCRA no será instrumento de caja del Tesoro.

¿Convierte esto los dólares del colchón en inversión real?

Formalizar ahorro no es sinónimo automático de inversión productiva. Caputo dijo que la iniciativa buscará que “ese ahorro se canalice en inversión”, pero la conversión exige instrumentos atractivos: crédito productivo a tasas reales razonables, garantías y confianza en la estabilidad macro. Sin anclas fiscales —meta creíble de déficit y gasto— y sin independencia operativa del BCRA, los depósitos en dólares pueden quedarse en cajas de bancos o trasladarse de vuelta al exterior ante cualquier señal de riesgo. En resumen: apoyamos medidas que incentiven la repatriación y formalización de activos, pero solo si son transparentes, no constituyen financiamiento encubierto del Tesoro y vienen acompañadas de anclas fiscales y autonomía real del BCRA; sin eso, el beneficio será temporal y la economía seguirá vulnerable.