La canasta básica total en la Ciudad de Buenos Aires subió 3,4% en marzo y una familia tipo necesitó $1.489.829 para no ser considerada pobre, según el instituto de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué significa para los ingresos y el consumo?
La suba de la Canasta Básica Total (CBT) de 3,4% en marzo es la mayor desde el mismo mes del año pasado, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó 2,9% hasta $814.709, de acuerdo con el informe citado por Ámbito que reproduce los datos del organismo porteño. Además, la Canasta Total (CT) —que incorpora vivienda, transporte, educación y otros gastos— aumentó 3,2% y quedó en $1.874.289 (según la misma fuente). Estos incrementos golpean directamente el flujo de caja de los hogares: alimentos y servicios básicos suben más rápido que algunos salarios, por lo que el poder adquisitivo se erosiona. A su vez, la nota señala que se esperan subas estacionales en educación e indumentaria y ajustes en combustibles, factores que suelen elevar el gasto familiar durante marzo (según Ámbito). Ante esto, la presión sobre el consumo se intensifica, lo que puede desacelerar la actividad si los ingresos reales no se recomponen.
¿Cómo impacta esto en el mercado laboral y el empleo?
La relación entre salarios, consumo y empleo es directa: el salario es demanda agregada. En CABA la pobreza medida con la CBT cayó al 21,1% en el cuarto trimestre de 2025, afectando a 652.000 personas, pero esa mejora convivió con un aumento de la indigencia del 6,5% al 6,8% (210.000 personas), según el informe mencionado. Es decir, dentro de la población pobre creció la fractura hacia la extrema precariedad. Cuando la inflación acelera y los ingresos reales retroceden, las empresas con menor capacidad de traspasar precios suelen ajustar plantillas o frenar contrataciones. Por eso apoyamos alivios fiscales focalizados que protejan empleo y consumo: medidas transitorias y dirigidas pueden sostener la demanda interna sin hipotecar la sostenibilidad fiscal. Exigimos además que cualquier alivio tenga transparencia y no se financie con recortes a jubilaciones o salarios, tal como venimos sosteniendo en nuestras posiciones previas.
¿Qué le pasa a la clase media porteña?
El informe define la clase media como quienes perciben entre 1,25 CT y 4 CT, lo que en marzo implicó ingresos entre $2.342.860 y $7.497.154 (según el instituto de estadísticas de la Ciudad reportado por Ámbito). La proporción de porteños categorizados como clase media se ubicó en 47,6%, apenas por encima del 47,4% del año anterior. Pero las variaciones inflacionarias ponen a prueba esa tenue mejora: la inflación erosiona el ahorro precario, encarece cuotas y servicios, y reduce capacidad de acumulación para vivienda o educación. Además, la pérdida de poder de compra no afecta a todos por igual; las mujeres, que concentran más tareas de cuidado remuneradas y no remuneradas, corren mayor riesgo de caer en la precariedad si se recortan ingresos familiares. En suma, una clase media que pierde capacidad de consumo es también una señal de vulnerabilidad económica más amplia.
¿Qué debería hacer la política económica?
Frente a estos datos urgentes proponemos una combinación de corto y mediano plazo. En lo inmediato, alivios fiscales focalizados —subsidios a salarios en sectores en riesgo, transferencias dirigidas a hogares vulnerables y moratorias temporales sobre aumentos tarifarios para los más pobres— pueden sostener empleo y consumo sin dañar las cuentas públicas si se implementan con criterios de progresividad y transparencia. Rechazamos financiar esas medidas con recortes a jubilaciones o salarios. A mediano plazo es imprescindible impulsar medidas para recuperar productividad: crédito barato para Pymes, apoyo a la reconversión tecnológica y regulación de tarifas que proteja el poder adquisitivo sin desincentivar la inversión en infraestructura. Finalmente, la política debe monitorear de cerca la inflación: se espera que el INDEC informe inflación nacional superior al 3% para marzo (según Ámbito), por lo que la coordinación fiscal y monetaria, combinada con políticas activas de empleo, es la vía para evitar que más hogares caigan en la indigencia.