Bonistas presentan nueva demanda por cupón PBI por €1.580 millones en Londres

Un grupo de acreedores presentó el 13 de marzo de 2026 una nueva demanda en tribunales de Londres para reclamar pagos adicionales por los bonos Cupón PBI por €1.580 millones, que se suman a otros €1.600 millones ya reconocidos en una sentencia firme contra la Argentina. Hasta ahora los bonistas sólo lograron cobrar alrededor de €300 millones, que habían quedado depositados como garantía mientras el país apelaba (Fuente: Ámbito, Noticias de Finanzas, 18/3/2026).

¿De qué se trata el reclamo?

El conflicto se originó en 2013 cuando, según los demandantes, Argentina modificó la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno y dejó de publicar el dato trimestral que activaba el pago de los cupones. Los bonistas alegan que ese cambio redujo artificialmente los pagos: la administración aplicó un crecimiento anual de 3,2% donde el umbral para gatillar el cupón era 3,3% (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

El nuevo escrito ante Londres pide el recálculo de los cupones vinculados al PBI correspondientes a 2017, 2021 y 2022. Se trata, en la práctica, de dos frentes judiciales: el ya resuelto en el Reino Unido y el todavía activo en Estados Unidos por emisiones en dólares (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Vemos tres canales de transmisión inmediatos hacia el mercado. Primero, el efecto directo sobre la posición externa: la demanda amplía el reclamo total a aproximadamente €3.18 mil millones (€1.600m + €1.580m), frente a los €300 millones efectivamente cobrados hasta ahora (Fuente: Ámbito, 18/3/2026). Segundo, la presión sobre el tipo de cambio y las expectativas: ejecuciones de sentencias en el exterior tienden a elevar la prima de riesgo y a encarecer la financiación externa.

Tercero, el riesgo de embargo de activos argentinos en el exterior puede forzar decisiones de liquidez que afecten reservas o flujos. Por eso observamos que los mercados van a atender no solo el monto, sino la estrategia del Gobierno para resolverlo: pago, negociación o contestación judicial en Nueva York (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

¿Qué alternativas tiene el Estado y cuál es su costo?

La primera opción sería pagar y cerrar el capítulo en Londres; eso requiere caja o reservas líquidos. La segunda es negociar una salida con los acreedores para fraccionar o reestructurar el pago. La tercera es seguir litigando en otros foros, buscando que la justicia estadounidense no aplique de forma automática los fallos británicos (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

Cada ruta tiene un precio: pagar con reservas reduce el colchón ante shocks externos; negociar puede implicar quitas o intereses mayores en el futuro; litigar prolonga la incertidumbre y mantiene elevado el riesgo país. En este contexto, respaldamos la acumulación de reservas del BCRA solo si es transparente y no constituye financiamiento encubierto del Tesoro. La transparencia es condición necesaria para que usar reservas no se transforme en un parche que posterga el problema.

Mirada histórica y conclusión: qué deberíamos exigir

Esto es un recordatorio de un problema estructural: la falta de reglas estables sobre datos macro y la litigiosidad heredada. El caso viene desde 2013 y la Corte británica dejó firme el fallo al rechazar la apelación argentina en junio de 2024, lo que explica por qué los bonistas activaron nuevas ejecuciones y ampliaron reclamos (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

Vemos con preocupación que la resolución de reclamos de este tipo tiende a convertirse en una fuente recurrente de déficit de liquidez y presión cambiaria. Exigimos al Gobierno tres cosas concretas: 1) transparencia total sobre cualquier uso de reservas para atender sentencias, 2) una estrategia combinada de negociación y defensa jurídica con metas claras, y 3) reglas fiscales y cambiarias que reduzcan la probabilidad de litigios futuros. Sin esas condiciones, pagar o no pagar deja de ser solo una discusión legal y pasa a ser una decisión macroeconómica con costo fiscal y cambiario real.