Un grupo de acreedores presentó el 13 de marzo de 2026 una nueva demanda en tribunales de Londres para reclamar pagos adicionales por los bonos Cupón PBI por €1.580 millones, que se suman a otros €1.600 millones ya reconocidos en una sentencia firme contra la Argentina. Hasta ahora los bonistas sólo lograron cobrar alrededor de €300 millones, que habían quedado depositados como garantía mientras el país apelaba (Fuente: Ámbito, Noticias de Finanzas, 18/3/2026).

¿De qué se trata el reclamo?

El conflicto se originó en 2013 cuando, según los demandantes, Argentina modificó la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno y dejó de publicar el dato trimestral que activaba el pago de los cupones. Los bonistas alegan que ese cambio redujo artificialmente los pagos: la administración aplicó un crecimiento anual de 3,2% donde el umbral para gatillar el cupón era 3,3% (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

El nuevo escrito ante Londres pide el recálculo de los cupones vinculados al PBI correspondientes a 2017, 2021 y 2022. Se trata, en la práctica, de dos frentes judiciales: el ya resuelto en el Reino Unido y el todavía activo en Estados Unidos por emisiones en dólares (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Vemos tres canales de transmisión inmediatos hacia el mercado. Primero, el efecto directo sobre la posición externa: la demanda amplía el reclamo total a aproximadamente €3.18 mil millones (€1.600m + €1.580m), frente a los €300 millones efectivamente cobrados hasta ahora (Fuente: Ámbito, 18/3/2026). Segundo, la presión sobre el tipo de cambio y las expectativas: ejecuciones de sentencias en el exterior tienden a elevar la prima de riesgo y a encarecer la financiación externa.

Tercero, el riesgo de embargo de activos argentinos en el exterior puede forzar decisiones de liquidez que afecten reservas o flujos. Por eso observamos que los mercados van a atender no solo el monto, sino la estrategia del Gobierno para resolverlo: pago, negociación o contestación judicial en Nueva York (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

¿Qué alternativas tiene el Estado y cuál es su costo?

La primera opción sería pagar y cerrar el capítulo en Londres; eso requiere caja o reservas líquidos. La segunda es negociar una salida con los acreedores para fraccionar o reestructurar el pago. La tercera es seguir litigando en otros foros, buscando que la justicia estadounidense no aplique de forma automática los fallos británicos (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

Cada ruta tiene un precio: pagar con reservas reduce el colchón ante shocks externos; negociar puede implicar quitas o intereses mayores en el futuro; litigar prolonga la incertidumbre y mantiene elevado el riesgo país. En este contexto, respaldamos la acumulación de reservas del BCRA solo si es transparente y no constituye financiamiento encubierto del Tesoro. La transparencia es condición necesaria para que usar reservas no se transforme en un parche que posterga el problema.

Mirada histórica y conclusión: qué deberíamos exigir

Esto es un recordatorio de un problema estructural: la falta de reglas estables sobre datos macro y la litigiosidad heredada. El caso viene desde 2013 y la Corte británica dejó firme el fallo al rechazar la apelación argentina en junio de 2024, lo que explica por qué los bonistas activaron nuevas ejecuciones y ampliaron reclamos (Fuente: Ámbito, 18/3/2026).

Vemos con preocupación que la resolución de reclamos de este tipo tiende a convertirse en una fuente recurrente de déficit de liquidez y presión cambiaria. Exigimos al Gobierno tres cosas concretas: 1) transparencia total sobre cualquier uso de reservas para atender sentencias, 2) una estrategia combinada de negociación y defensa jurídica con metas claras, y 3) reglas fiscales y cambiarias que reduzcan la probabilidad de litigios futuros. Sin esas condiciones, pagar o no pagar deja de ser solo una discusión legal y pasa a ser una decisión macroeconómica con costo fiscal y cambiario real.