Desde el 1° de mayo el boleto del transporte público en el AMBA aumentará 5,4%: el viaje mínimo en la Ciudad será $753,86 para hasta 3 km y en la Provincia $918,35; el subte llegará a $1.490,36, según el cuadro tarifario publicado por iProfesional. Esta primera oración resume lo esencial: una nueva remesa de incrementos que, por su magnitud y por el mecanismo que los genera, afecta directamente el bolsillo de los hogares.
¿Qué cambia a partir del 1° de mayo?
El ajuste del 5,4% se aplica por un mecanismo de indexación automática que asocia aumentos mensuales al IPC más un adicional de 2 puntos, vigente desde principios de 2026 en CABA y Provincia, según iProfesional. El resultado acumulado en el último año muestra diferencias jurisdiccionales: transporte urbano acumula 39,47% interanual en la Provincia y 27,01% interanual en la Ciudad (iProfesional). Además, el rubro transporte registró una suba de 4,1% en marzo respecto al mes previo (dato del rubro citado por iProfesional/INDEC), por encima del promedio general de precios.
El mecanismo de indexación busca previsibilidad para los operadores. Pero la previsibilidad no es neutra: cuando los aumentos guardan relación estrecha con la inflación y con un recargo fijo, se trasladan rápido al bolsillo de las familias. Al mismo tiempo las líneas nacionales siguen un esquema distinto definido por la Secretaría de Transporte, lo que complica una política tarifaria unificada para el AMBA.
¿Cómo impacta esto en los hogares y en el uso del servicio?
Las cifras muestran una sangría de pasajeros. En marzo viajaron 8.476.000 pasajeros promedio por día hábil en el AMBA, 11% menos que en marzo de 2025; en abril el promedio diario cayó a 7.246.000 pasajeros, 21% menos interanual, según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Ese desplome refleja tanto una menor actividad en sectores vinculados al transporte —industria, comercio y construcción— como el mayor peso del boleto respecto al salario, que desalienta viajes cotidianos.
El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA/CONICET) calcula que una familia tipo del AMBA destinó en marzo $101.026 mensuales al transporte público. Ese número es ilustrativo: cuando el gasto en movilidad se vuelve una de las partidas más altas del presupuesto familiar, hay menos margen para consumo en el resto de la economía. La respuesta de los hogares fue elegir alternativas (Uber, bicicleta, moto) y reducir viajes, lo que retroalimenta la pérdida de ingresos del sistema y presiona a recortes de frecuencia o puestos de trabajo en el sector.
¿Qué se debería hacer?: priorizar empleo, frecuencia y equidad tarifaria
Frente a esta dinámica, defender el poder de compra y el empleo debe ser la prioridad. Vemos dos riesgos claros: que la caída de pasajeros conduzca a despidos en un sector que ya opera con hasta un tercio menos de usuarios que hace diez años (AAETA) y que la carga tarifaria se traslade a jubilados o trabajadores mediante recortes en ingresos públicos. Repetimos nuestra posición: apoyamos medidas focalizadas y temporales para preservar empleo y salario, y rechazamos recortes a jubilaciones o sueldos.
Las políticas concretas que proponemos son: 1) restituir giros de subsidios focalizados a líneas y recorridos con mayor impacto social, condicionados a metas de frecuencia y auditoría de costos; 2) acordar con provincias y ciudad una regla de actualización que combine productividad y salario, no solo IPC+2; 3) subsidiar parcialmente el gasoil del transporte urbano mientras se negocian aumentos salariales y mejoras de eficiencia; 4) financiar estas medidas con recursos progresivos temporales y transparencia sobre el destino del dinero, por ejemplo utilizando mecanismos de renta extraordinaria al agro en lugar de recortar jubilaciones.
Si no hacemos este mix, corremos el riesgo de una doble contracción: menos pasajeros y menos empleo. El transporte no es solo un servicio; es una pieza clave del mercado laboral y del acceso a oportunidades. Por eso sostenemos que las tarifas deben ser sostenibles para los usuarios y para la preservación del empleo, con medidas temporales, focalizadas y trazables.
