Los principales bancos del país comenzaron a convocar a clientes con más de 90 días de atraso para ofrecer renegociaciones de cuotas, porque la mora de los créditos a las familias trepó al 11,2% en febrero, según la consultora 1816. Ese valor representa el decimosexto mes consecutivo de suba y el nivel más alto desde 2004 (1816). En paralelo, la mora en créditos de entidades no financieras alcanzó 29,9% en febrero (iProfesional). La foto es clara: hogares con ingresos reales deteriorados y costos de financiamiento inéditos empujan a una ola de impagos.
¿Qué está pasando con la mora y por qué?
Observamos una combinación de tres fuerzas. Primero, pérdida de ingresos y empleo que impide afrontar cuotas de créditos de consumo y préstamos cortos (muchos inferiores a 36 meses, según la nota). Segundo, tasas de préstamos personales que rondan 70% TNA —cerca del 100% TEA— y costos financieros totales que superan 250% anual en algunos casos, lo que agrava la carga sobre el deudor (iProfesional). Tercero, la incertidumbre sobre la política monetaria: pese a que el BCRA mantuvo la tasa repo en torno al 20% (según fuentes citadas por iProfesional), las tasas al público no han acompañado esa baja por el riesgo de impago y el desacople entre tasas. El resultado es un círculo donde la morosidad alimenta tasas altas y las tasas altas alimentan más mora.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
La renegociación que lideran bancos privados y públicos apunta a evitar castigos masivos a clientes y a estabilizar carteras. En la práctica, las soluciones que se ofrecen son extensiones de plazo y, en algunos casos, rebajas del costo financiero para llegar a una cuota pagable. Pero hay límites: 28 de las 30 principales entidades están afectadas por este fenómeno (iProfesional), y el riesgo es que la oferta bancaria se vuelva más selectiva, restringiendo crédito a nuevos hogares y pymes. Menos crédito al consumo reduce demanda agregada y, en un país donde el mercado interno sigue sosteniendo empleo industrial, eso puede traducirse en más pérdida de puestos de trabajo. Además, la elevada mora en el segmento no financiero (29,9% en febrero) señala problemas que van más allá de la banca tradicional y pueden afectar proveedores y cadenas de pago.
Qué deberían hacer las autoridades — y qué deben evitar
Apoyamos medidas públicas que acompañen procesos de renegociación privados: programas temporales que subsidien una parte del interés para hogares más vulnerables, líneas públicas de refinanciación con condiciones claras y supervisión para evitar prácticas abusivas. Cualquier intervención debe ser transparente, focalizada y no financiada mediante recortes a jubilaciones o salarios: reducir ingresos de los sectores más vulnerables solo profundiza la demanda débil. La iniciativa legislativa presentada por el diputado Roberto Santiago propone un régimen de regularización hasta el 31/12/2025 para categorías 2 a 5 de la Central de Deudores (iProfesional); esa propuesta puede ser útil si incorpora progresividad, criterios de elegibilidad claros y protección de la capacidad de pago futura. En paralelo, el BCRA y el Ministerio de Economía deben coordinar señales creíbles sobre tasas y condiciones prudenciales para que el costo del crédito se normalice sin transferir pérdidas a los hogares.
Concluimos que la renegociación bancaria es una salida necesaria pero insuficiente. Sin políticas públicas que protejan ingreso y empleo —y sin condicionar cualquier alivio a transparencia y focalización— corremos el riesgo de normalizar una economía de crédito frágil que priva a las familias de consumo y a la industria de demanda.
