Los impulsores del proyecto buscan reactivar una versión dirigida de los Créditos ANSES para cancelar deudas de beneficiarios sin entregar efectivo en mano. El tope propuesto es de $1.500.000 y la operatoria sería 100% digital, con transferencias directas al acreedor y un descuento mensual que no puede exceder el 30% del ingreso neto (según iProfesional, 15/3/2026).

¿Qué propone exactamente el proyecto?

La iniciativa plantea una línea de desendeudamiento dirigida a grupos vulnerables y con acceso limitado al sistema financiero. El monto máximo sería $1.500.000 y la tasa se fijaría en TAMAR más 10 puntos porcentuales (anual), según el texto difundido (según iProfesional, 15/3/2026). No habría entrega de efectivo: el solicitante indicaría a qué banco, financiera o emisor de tarjeta se adeuda y ANSES transferiría directamente al acreedor.

El proyecto incluye auditorías automáticas y tramitación vía la plataforma Mi ANSES para evitar intermediarios. Además introduce un tope operativo: el descuento mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto del solicitante (mensual, según iProfesional, 15/3/2026). Los impulsores justifican el esquema como una forma de evitar que la inflación licúe el alcance del programa, con un ajuste automático según la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (según iProfesional, 15/3/2026).

¿A quiénes sirve y qué riesgos presenta?

El universo objetivo incluye titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados con ingresos hasta seis haberes mínimos, PNC, personal de casas particulares registrado y monotributistas categorías A a D. En conjunto serían más de 10 millones de personas con acceso limitado a crédito bancario formal (según iProfesional, 15/3/2026). La intención declarada es rescatar hogares atrapados en tasas de tarjetas o prestamistas informales que pueden llegar a cobrar hasta 200% anual (anual, según iProfesional, 15/3/2026).

Los riesgos son prácticos y fiscales. El uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) ya genera reparos políticos y técnicos, y el oficialismo ya anticipó objeciones (según iProfesional, 15/3/2026). Además existe riesgo de selección adversa: si el esquema facilita reestructurar deudas sin cambiar conductas financieras, la morosidad podría persistir. Por último, hasta que la ley no esté sancionada, cualquier oferta de inscripción anticipada es falsa; ANSES no tiene formularios vigentes hoy (según iProfesional, 15/3/2026).

¿Qué puede hacer quien podría acceder o sus familiares ahora?

Primero: no caer en estafas. No hay formularios abiertos; toda gestión debe pasar por Mi ANSES cuando la ley esté vigente (según iProfesional, 15/3/2026). Segundo: ordenar documentación y formalizar ingresos. Tener recibos y comprobantes agiliza la evaluación y evita rechazos por falta de información. Recomendamos simular el descuento: si el tope es 30% del ingreso neto mensual, calcular si ese recorte permite pagar gastos básicos antes de aceptar.

En términos de cartera: priorizar cancelación de pasivos con mayor CFT y mayor riesgo de cobranza extrajudicial. Mantener parte del ahorro en dólares o instrumentos indexados sigue siendo prudente para proteger el poder adquisitivo frente a inflación, y evitar tomar créditos con CFT elevado salvo que sea estrictamente necesario. Finalmente, documentar todo y no autorizar débitos automáticos sin leer contratos.

¿Qué impacto fiscal y previsional podría generar la iniciativa?

El punto más debatible es el uso del FGS, que administra reservas destinadas al sistema previsional. El debate no es solo técnico: implica ponderar un alivio social inmediato contra la preservación de recursos para jubilaciones futuras. El proyecto tendría que sortear discusiones en Diputados y Senado; si logra media sanción en marzo podría tratarse en el Senado en abril o mayo y entrar en vigencia en el segundo semestre de 2026 (según iProfesional, 15/3/2026).

En resumen, la propuesta ofrece una salida dirigida para deudores vulnerables, pero llega con interrogantes fiscales y de diseño. Mantenemos la recomendación: conservar parte del ahorro en dólares e instrumentos indexados; formalizar ingresos y mantener la documentación antes de solicitar o autorizar transferencias si el programa avanza.