La suba del boleto que oficializó la Secretaría de Transporte golpea directo el bolsillo de las familias que usan el transporte público como red básica de movilidad. Según la Resolución 11/2026 publicada en el Boletín Oficial, el boleto mínimo para las líneas Suburbanas Grupo I (SGI) pasa a 650 pesos con SUBE nominalizada y 1.033,50 pesos sin nominar; en las Suburbanas Grupo II (SGII) la tarifa mínima se fija en 855,17 pesos y la base pasajero/km en 33,03 pesos (Resolución 11/2026, Secretaría de Transporte, Boletín Oficial, 18/02/2026).

Qué cambia (datos clave)

  • Boleto SGI 0-3 km: $650 con SUBE nominalizada; $1.033,50 sin nominar (Resolución 11/2026).
  • Boleto SGII mínimo: $855,17 (y $1.359,72 sin nominar); base pasajero/km $33,03 (Resolución 11/2026).
  • Segundo tramo desde 16/03/2026: SGI 0-3 km $700; SGII boleto mínimo $920,96 (Resolución 11/2026).
  • Se mantiene descuento del 55% para usuarios con atributo social y las ventajas del Sistema de Boleto Integrado (Resolución 11/2026).
    Estos números son topes máximos proyectados, según la norma, y pueden ajustarse a la baja.

Por qué suben las tarifas

La propia resolución atribuye la actualización a varios factores: acuerdos de recomposición salarial en el sector, aumentos de insumos como gasoil, seguros y repuestos, y la necesidad de restablecer la ecuación económico-financiera del sistema para sostener calidad y frecuencia (Resolución 11/2026). En lenguaje técnico: si los costos laborales y operativos crecen y los ingresos por pasaje no lo acompañan, las empresas y el Estado enfrentan un desbalance que amenaza la prestación del servicio.

Impacto sobre el empleo y la demanda

Nuestra primera pregunta siempre es por el empleo. Un ajuste tarifario que traslada íntegramente costos a los hogares reduce el ingreso real disponible y, por lo tanto, la demanda agregada. En un país donde el salario es también motor del consumo, acelerar aumentos de tarifas sin contrapartidas líquidas implica un doble riesgo: erosión del poder adquisitivo de trabajadores y usuarios, y caída de la demanda que puede devolver menores ingresos a las empresas de transporte y traducirse en pérdida de puestos de trabajo.

Además, el encarecimiento relativo del transporte afecta de forma diferenciada: trabajadores asalariados de ingresos bajos y mujeres que concentran desplazamientos por tareas de cuidado suelen sentir con más intensidad aumentos en movilidad. La existencia del descuento del 55% para usuarios con atributo social mitiga parte del efecto para los más vulnerables, pero no resuelve la presión sobre la mayoría de los hogares (Resolución 11/2026).

Quién paga y quién financia la operación

La resolución insiste en que las alzas buscan preservar el servicio y honrar acuerdos salariales del sector. Eso es legítimo: mantener unidades en la calle requiere recursos. Pero trasladar la totalidad del ajuste al boleto es una opción distributiva que descarga sobre los usuarios la factura de la recomposición. Hay alternativas políticas: combinar ajustes tarifarios moderados con transferencias focalizadas a operadores, incremento de subsidios condicionados a metas de eficiencia y control de recargos, y ampliar la nominalización de SUBE para garantizar beneficios sociales efectivos (Resolución 11/2026).

Qué proponemos

Vemos tres prioridades: 1) Proteger ingresos y demanda: evitar que las subas tarifarias se transformen en una pérdida neta de poder de compra que golpee empleo y consumo. 2) Sostener empleo formal en el transporte: cualquier recomposición salarial debe ir acompañada de recursos que no obliguen a recortar planteles o condiciones laborales. 3) Mejorar la focalización y la transparencia del financiamiento: usar herramientas fiscales y del sistema SUBE para focalizar subsidios, fiscalizar recargos (expresos/autopista hasta 75% previstos) y condicionar transferencias a cumplimiento de frecuencia y mantenimiento.

Cierre: equilibrio y política

La resolución plantea un dilema clásico: cómo compatibilizar la sostenibilidad financiera del servicio con la protección del poder adquisitivo y del empleo. No basta con decir que el mercado ajustará; en un país con historiales de volatilidad y alta vulnerabilidad social, la política pública debe administrar esa tensión. Defendemos consolidar salarios y proteger el poder adquisitivo, combinando la expansión de la protección social con medidas activas que sostengan la operación del transporte y el empleo registrado, con monitoreo público y reglas claras de transparencia (Resolución 11/2026; Ámbito, 18/02/2026).