La nafta podría recibir un nuevo ajuste del orden del 4% en los próximos diez días tras la suba del barril Brent por encima de los u$s100, y el mercado teme que la suma de microajustes termine por trasladar precios más cercanos a la paridad de importación (iProfesional).
¿Qué está pasando con el precio del crudo y por qué importa?
El centro del problema es externo: el barril Brent volvió a ubicarse por encima de los u$s100, presionado por tensiones en Medio Oriente y riesgos sobre el Estrecho de Hormuz, lo que encarece el insumo básico para las refinadoras (iProfesional). En la cuenta final del litro, el crudo representa el 50% del precio, mientras que márgenes, fletes y operación suman otro 31%, impuestos nacionales 13% y biocombustibles 6% —es decir, un choque sobre el crudo reverbera sobre casi todo el resto de la estructura (iProfesional). Aplicando la llamada “regla de los dos tercios”, un salto del 42% en el crudo se traduciría en un ajuste teórico de alrededor del 28% en surtidores para no generar descalce financiero en las refinadoras (iProfesional).
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
La inercia se traduce ya en microajustes: durante la semana pasada las empresas aplicaron aumentos entre 4% y 6% según marca y región, una estrategia para amortiguar pero insuficiente frente a la velocidad del shock externo (iProfesional). En la ciudad de Buenos Aires una estación YPF tenía precios de referencia de $1.717 el litro de nafta súper y $1.878 la Infinia, mientras Shell mostraba $1.789 la súper y $2.025 la V-Power (iProfesional). Ese piso relativo se aleja aún más de la paridad de importación: las empresas estiman un retraso de al menos 25% respecto a esa referencia (iProfesional). Además, el gasoil, con mayor componente importado, transmite la suba a la cadena logística y a los precios de los alimentos, sumando un canal inflacionario que preocupa a las autoridades (iProfesional).
¿Qué puede (y debe) hacer el Estado?
El margen de maniobra público pasa por dos decisiones claras: administrar el golpe sobre la demanda y evitar que la contención fiscal se haga sobre los más vulnerables. Una postergación temporal de aumentos impositivos a los combustibles puede dar oxígeno a las refinadoras sin trasladar todo el costo al consumidor, pero comprometería la recaudación en momentos de cuentas ajustadas —esa disyuntiva figura explícita en el debate ministerial (iProfesional). Vemos necesario combinar alivio focalizado (por ejemplo, transporte público y flotas esenciales) con medidas que protejan el empleo en la cadena petrolera y logística; rechazamos, además, financiar cualquier alivio mediante recortes previsionales o erosión salarial, porque eso redistribuye la carga hacia quienes menos pueden afrontarla.
Conclusión: la distribución del ajuste y el riesgo sobre empleo y consumo
La tensión externa puede forzar aumentos que reduzcan consumo y afecten empleo en sectores sensibles como transporte y distribución; la retracción del mercado ya es un freno natural para subas bruscas (iProfesional). Si las petroleras ajustaran por completo la diferencia a paridad de importación, la presión sobre la inflación y sobre los ingresos reales sería relevante: con microajustes del 4% la nafta súper pasaría a un piso estimado entre $1.785 y $1.860 y la premium entre $1.953 y $2.100 según la compañía (iProfesional). Desde nuestra perspectiva, la política pública debe priorizar estabilizar precios relativos sin sacrificar jubilaciones ni recomponer precios a costa de salarios; proteger el poder de compra es proteger la demanda y, por tanto, el empleo en la producción y el transporte. Además exigimos mayor transparencia en los márgenes de refinación y en los acuerdos entre productores para evitar que el incentivo exportador vacíe el mercado interno sin controles razonables (iProfesional).
