Se trata de una propuesta para reformar la Ley de Defensa de la Competencia que pone en el centro la remoción de barreras regulatorias y una lectura muy crítica del rol del Estado: “El verdadero enemigo de la competencia es el Estado”, afirmó Federico Sturzenegger durante una presentación pública (Ámbito, 4/3/2026). El Gobierno sostiene que eliminar requisitos administrativos innecesarios facilitará la entrada de nuevos actores y abaratará precios; citó DNU 70 y la autorización por equivalencia de SENASA como casos de intervención exitosa (Ámbito, 4/3/2026).
¿Qué propone Sturzenegger y por qué importa?
Vemos tres ideas centrales en la exposición: simplificar procesos, reducir barreras de ingreso y revisar privilegios sectoriales. El ministro puso énfasis en que el análisis de competencia debe mirar también al marco regulatorio y no limitarse únicamente a conductas privadas (Ámbito, 4/3/2026). Como ejemplo histórico puso la secuencia de despliegue tecnológico que terminó con el iPhone en 2007 —un hito que cambió mercados— para ilustrar cómo la innovación puede alterar posiciones dominantes (Apple, 2007). En el nivel práctico el Gobierno mencionó la eliminación de facultades del INYM vía DNU 70 y la aprobación por equivalencia de una vacuna por SENASA; ambas medidas se usaron para sostener que los mercados se abrieron y que los precios bajaron, aunque en la exposición no se acompañaron con series públicas de precios o producción para verificar la magnitud del efecto (Ámbito, 4/3/2026). Por eso importa: la forma en que se diseñe la reforma determina si la desregulación será una herramienta para competencia efectiva o un camino para concentrar mercados.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
Observamos que abrir mercados en un país de tamaño y estructura concreta no tiene el mismo efecto automático que en economías con mercados domésticos amplios. Argentina tiene una población que ronda los 46 millones de habitantes (World Bank, 2023), lo que configura un mercado interno con peso relativo que conviene preservar. La eliminación de barreras puede facilitar la entrada de competidores en sectores como internet satelital —donde la habilitación amplió cobertura en zonas alejadas según el Gobierno—, pero en sectores con altos costos fijos o redes (servicios públicos, transporte, alimentos procesados) la mayor competencia sin regulación fuerte puede derivar en prácticas de captura o en fusiones que concentren oferta. Según Ámbito (4/3/2026) se registró una caída de precios y aumento de producción y exportaciones tras algunas medidas, pero los datos desagregados por meses y por territorio no fueron aportados en la presentación. Por eso exigimos transparencia de serie temporal y territorial antes de asumir efectos distributivos positivos.
Riesgos sobre empleo y demanda interna
Desde nuestra lente, la primera pregunta frente a cualquier reforma es su impacto sobre el empleo y los salarios. La desregulación que reduce costos vía flexibilización laboral o erosión de convenios puede mejorar márgenes empresariales a corto plazo pero debilitar la demanda interna. La experiencia latinoamericana muestra que la “competitividad vía salarios bajos” debilita mercados locales y no favorece una inserción productiva sostenida. Además, sin reglas claras de revisión de fusiones —incluyendo cláusulas para proteger empleo— corremos el riesgo de procesos de concentración que destruyan empleos en zonas industriales y rurales. Mantenemos nuestra postura de recomponer salarios e integrar aumentos al básico para sostener la demanda y evitar precarización (posición editorial previa, feb 2026). No hay atajos: más competencia no puede significar menos derechos laborales.
Qué combinación de políticas proponemos
La desregulación no es en sí mala; lo problemático es el marco. Proponemos tres líneas: (1) revisión ex ante de fusiones y mecanismos de desinversión condicionada para evitar concentración antes de que se concrete; (2) regulación asimétrica para sectores con economías de red o servicios esenciales —donde la supervisión debe ser más intensa—; (3) políticas industriales activas: crédito dirigido, apoyo a PyMEs y exigencias de mantenimiento de empleo cuando se otorguen beneficios regulatorios. Además pedimos datos públicos y auditoría de los efectos invocados por el Gobierno (por ejemplo, las afirmaciones sobre yerba mate y vacunas citadas en Ámbito, 4/3/2026). En la región, Brasil y Chile combinan revisión de fusiones con agencias independientes; esa arquitectura puede inspirar una reforma que no entregue la definición de mercado al resultado inmediato de una reducción de trámites. En síntesis: estamos a favor de competencia real, pero exigimos reglas que protejan empleo, salarios y la capacidad productiva a largo plazo.
