Con el cierre de casi un centenar de sucursales en poco más de dos años, la discusión deja de ser solo operacional y pasa a ser política. Según iProfesional, Santander pasó de operar cerca de 395 sucursales en 2022 a aproximadamente 297 hacia fines de 2025, una contracción superior al 25% en la red física. La Asociación Bancaria señala que más de 40 sucursales cerraron o están en proceso de cierre y que el ajuste podría afectar a más de 500 personas entre personal propio y tercerizado.

El dato y su alcance

Vemos dos movimientos que se refuerzan entre sí: eficiencia y redistribución del servicio. Desde el banco sostienen que hoy más del 90% de las transacciones se realizan por canales digitales y que la asistencia presencial cayó alrededor de 30% interanual, mientras que más del 60% de los nuevos clientes se incorporan completamente online, según datos internos difundidos por la entidad. Estas cifras explican por qué la red física deja de ser el eje del negocio, pero no neutralizan sus efectos sociales.

Quiénes ganan y quiénes pierden

Ganan los accionistas y los modelos de negocio que apuestan a menor estructura fija y más banca móvil. También gana el cliente urbano y con conectividad que puede operar sin sucursal. Pierden los trabajadores de sucursal, los usuarios sin acceso digital —adultos mayores, zonas rurales y pequeñas empresas locales— y la calidad de atención territorial. La Asociación Bancaria advierte sobre posibles tercerializaciones y cambios en la liquidación salarial que amplifican el impacto laboral.

Riesgos laborales y de servicio

Cada cierre implica reubicaciones, retiros y desvinculaciones que, en un mercado laboral argentino frágil, tienen efectos duraderos. La estimación gremial de más de 500 personas afectadas es significativa en un sector que históricamente ofrece empleo formal y con cierta estabilidad. Además, perder presencia territorial erosiona la capacidad de la banca para atender segmentos que no migran al canal digital con la misma velocidad que las estadísticas generales indican.

Transparencia y control: la otra pata del problema

El repliegue ocurre mientras avanza una investigación fiscal por una presunta maniobra de estafa ligada a créditos prendarios en Jujuy que, según la denuncia, habría generado un perjuicio cercano a $1.000 millones. En el expediente aparecen imputados un empleado del banco, gestores, concesionarias y escribanos. Ese frente reputacional obliga a preguntarse por los controles internos en un momento de reducción de planteles y mayor tercerización.

Qué política necesitamos

No podemos aceptar la ecuación eficiencia igual a destrucción de empleo para siempre. Defendemos consolidar salarios y proteger el empleo y la formalización, combinando la expansión de la protección social con políticas activas que sostengan la operación bancaria y el empleo registrado. En la práctica eso incluye: negociación con la representación gremial para planes de reconversión y traslado; inversión pública y privada en capacitación para operaciones digitales; límites y regulación más estricta de la tercerización; y garantías de acceso presencial en localidades vulnerables.

Regulación y prevención del fraude

Al mismo tiempo, la causa en Jujuy muestra que digitalización y recortes no eximen al sistema de responsabilidad. Es imprescindible reforzar controles antilavado y de validación de documentación, auditar las áreas afectadas por cierres y tercerizaciones, y que la Justicia determine responsabilidades individuales e institucionales sin dilaciones.

Cierre: perspectiva productiva y social

La banca puede ganar eficiencia sin convertirse en un actor que desplaza costos sociales hacia los trabajadores y los más vulnerables. La transición digital es real y tiene beneficios, pero requiere políticas que preserven empleo formal, proximidad territorial y controles robustos. Sin eso, la modernización bancaria corre el riesgo de profundizar desigualdades y fragmentar el acceso al crédito y a servicios financieros en el país.