El Congreso sancionó la reforma laboral que modifica indemnizaciones, jornada, convenios y crea un Fondo de Asistencia Laboral; el Senado aprobó el texto con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones (iProfesional, 28/2/2026).

Vemos una reforma pensada para bajar costos laborales y acelerar contrataciones, pero con riesgos claros sobre la progresividad de derechos y el poder de negociación de los trabajadores. El gobierno la presentó como herramienta contra la litigiosidad y la informalidad; los gremios la ven como una regresión. Los debates posteriores, dentro y fuera de la Justicia, definirán si los cambios se aplican solo a nuevos contratos o terminan alcanzando a la planta existente.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

La ley busca empujar formalización mediante incentivos fiscales y simplificaciones, pero el efecto neto en empleo es incierto. El propio texto prevé descuentos en contribuciones patronales por hasta 4 años para nuevas contrataciones y la registración simplificada ante ARCA como único requisito formal (iProfesional). El Gobierno parte de la base de una informalidad cercana al 40% del mercado laboral para justificar la reforma (iProfesional). Sin embargo, bajar costos no garantiza empleo de calidad: si el salario se convierte en variable vinculada a productividad individual, se puede fragmentar la negociación colectiva y debilitar la demanda interna. En economías con alta dependencia del consumo interno, el salario no es solo un costo; es demanda. Si vemos un traslado de ingreso desde trabajadores hacia empresas, la recuperación del empleo formal puede ser precaria y con menor poder adquisitivo.

¿Qué cambia en los derechos y salarios?

En materia de indemnizaciones la nueva norma mantiene la base de un mes por año trabajado con tope de hasta tres veces el salario promedio mensual según convenio, y excluye pagos no mensuales para el cálculo; además fija actualizaciones por IPC más 3% anual (iProfesional). Se habilita la constitución de un Fondo de Asistencia Laboral para prefinanciar indemnizaciones y se permite que su administración busque rendimientos en la bolsa, una versión moderna de lo que algunos opositores comparan con las AFJP (iProfesional). La jornada máxima se amplía de 8 a 12 horas diarias con un esquema de banco de horas para compensar horas extras; el texto mantiene la posibilidad de pago tradicional pero abre la puerta a más flexibilidad (iProfesional). Estas modificaciones afectan de modo diferencial: sectores con alta sindicación y empleo formal resistirán mejor la tensión, mientras que trabajadores en empleos precarios o en ocupaciones feminizadas corren mayor riesgo de perder poder de negociación y estabilidad laboral.

¿Qué sigue: judicialización y clima político?

La CGT y varias agrupaciones anunciaron que acudirán a la Justicia para impugnar artículos que consideran inconstitucionales, y planean movilizaciones a tribunales; el peronismo también adelantó que buscará vías legales sobre el FAL y la posibilidad efectiva de aplicar los cambios a contratos existentes (iProfesional). El Gobierno pretende promulgar la ley en forma rápida y usar el triunfo parlamentario como capital político, pero la disputa no termina en el Congreso: la reglamentación será clave para precisar alcance temporal y operacional de la norma. Además, la prisa por reducir costos laborales sin políticas complementarias de crédito, formación y estímulo productivo puede intensificar la fuga de capitales y la dolarización salarial en sectores con mayor poder de negociación, profundizando la segmentación del mercado laboral.

En conclusión, apoyamos medidas que reduzcan la informalidad y formalicen empleo, pero vemos con preocupación que esta reforma acentúe la regresividad de derechos y la precarización salarial. Es imprescindible que el Ejecutivo aclare que los cambios alcanzan solo a nuevas contrataciones, que vincule incentivos a capacitación y productividad agregada, y que garantice mecanismos de protección de ingresos —especialmente para las mujeres y los sectores industriales— antes de generalizar esquemas que bajen el costo del trabajo sin construir capacidades productivas.