La Corte de apelaciones dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía más de 80 artículos de la reforma laboral, lo que reactivó su vigencia y obligó al sector privado a redefinir decisiones tomadas durante la paralización (fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 24/4/2026). Vemos a empresas, y sobre todo a pymes, evaluando si avanzar con nuevas prácticas —tercerización con control documental, bancos de horas y el llamado “fondo de cese”— o esperar definiciones judiciales que aclaren responsabilidades y riesgos. La jornada organizada por CA.SE.GE. el 24/4/2026 fue un termómetro de esa tensión: apuntó a dar herramientas prácticas en un marco legal que ya está parcialmente operativo (CA.SE.GE., 24/4/2026).

¿Qué cambia hoy para empresas y trabajadores?

El cambio más inmediato es legal y operativo: lo que antes estaba en suspensión vuelve a estar en juego y obliga a las firmas a revisar contratos y prácticas. Según la abogada Silvina Scarimbolo, la modificación del régimen de responsabilidad en la tercerización implica que “si la empresa cumple con el control de la documentación, ya no será responsable solidaria” (exposición, 24/4/2026). Ese pasaje promete reducir contingencias judiciales para las grandes contratantes, pero también traslada la carga de verificación a las empresas. Otro punto clave es el fondo de cese, descrito por la especialista como “un cambio de 180 grados en la forma de afrontar las indemnizaciones” (Scarimbolo, 24/4/2026). Para nosotros la pregunta central es: ¿estas reglas generan empleo formal o incentivan formas de contratación más flexibles pero precarias? La respuesta depende de cómo se reglamente la inspección y del acceso a mecanismos de protección social para quienes queden fuera de contratos tradicionales.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El impacto será desigual: las pymes parecen las más expuestas. Según el Ministerio de Trabajo, las pequeñas y medianas empresas concentran alrededor del 70% del empleo privado (último informe disponible del ministerio). Por eso, cuando el presidente de CA.SE.GE., Lucas Dagatti, advierte sobre “zonas grises” y decisiones ya tomadas en función de la ley, no habla solo de balances empresarios sino de puestos de trabajo en riesgo (CA.SE.GE., 24/4/2026). En sectores intensivos en mano de obra, la herramienta del banco de horas puede ayudar a ajustar jornadas a ciclos productivos sin recurrir a despidos, siempre que existan acuerdos colectivos y control estatal. Sin protocolos claros, sin embargo, hay riesgo de que la flexibilización se traduzca en pérdida de horas o reducción de aportes, lo que impactaría la demanda agregada: recordemos que el salario no es solo un costo, también sostiene consumo.

¿Qué debería hacer el Estado y qué deberían exigir las empresas?

Vemos tres prioridades: 1) claridad jurídica: el Poder Judicial debe acotar la incertidumbre con fallos motivados que definan criterios sobre responsabilidad en tercerización y alcance del fondo de cese; 2) políticas de acompañamiento: el Estado debería poner en marcha protocolos de fiscalización y asistencia para pymes que cumplan con requisitos formales, combinando alivios temporales focalizados con capacitación; 3) contrapartidas laborales: cualquier alivio o incentivo que reciba una empresa que ajuste contratos debe condicionarse a mantener empleo y aportes. En la coyuntura, apoyar alivios fiscales temporales y focalizados para preservar empleo es coherente con nuestra postura previa sobre economía: privilegiar el trabajo y no recortar jubilaciones ni salarios. Si el Estado actúa solo como árbitro sin herramientas proactivas, corremos el riesgo de legalizar mayor precariedad. Finalmente, conviene mirar experiencias regionales: Brasil y Chile combinaron reglas de flexibilización con controles y programas de reconversión laboral; esa combinación podría ser una guía para no poner todo el costo sobre los trabajadores.