Para un repositor de supermercado, el último acuerdo paritario tiene dos efectos inmediatos: un ingreso extra entre enero y marzo y una modificación de la base salarial desde abril. En la práctica, de diciembre 2025 a marzo 2026 se abonaron dos sumas no remunerativas de $40.000 y $60.000 que, juntas, significan $100.000 mensuales pagados entre los días 1 y 10 (fuente: iProfesional, 20/2/2026). El convenio establece que esos montos dejarán de ser no remunerativos a partir de abril, cuando se incorporen al salario básico en su valor nominal (fuente: iProfesional, 20/2/2026).

Qué recibe un repositor

Según el detalle publicado, los importes convencionales por categoría para auxiliares son, entre otros, $1.171.091 (categoría A), $1.178.740 (categoría B) y $1.203.985 (categoría C) como referencia del sueldo básico más bono estimado para marzo 2026 (fuente: iProfesional, 20/2/2026). Además, el acuerdo mantiene la antigüedad del 1% adicional sobre el salario básico por cada año trabajado (fuente: iProfesional, 20/2/2026). La vigencia pactada alcanza hasta el 30 de abril de 2026 y las partes se comprometieron a volver a reunirse en marzo para evaluar la evolución de la inflación y la posibilidad de recomponer la pauta antes del vencimiento (fuente: iProfesional, 20/2/2026).

Qué cambia al integrarse los montos al básico

La incorporación de $100.000 en su valor nominal al salario básico tiene efectos técnicos y materiales. Técnicamente, al volverse remunerativos esos importes pasan a computar para horas extras, vacaciones, indemnizaciones y aportes previsionales. Materialmente, si la inflación continúa erosionando el salario, la integración en términos nominales puede no recuperar el poder de compra perdido en meses previos. Vemos aquí una contradicción habitual: ganar en derechos pero perder en capacidad de compra si no hay cláusulas de ajuste por inflación.

Impacto distributivo y sobre la demanda

Desde nuestra perspectiva, consolidar salario básico es preferible a soluciones temporalmente más altas pero no incorporadas, porque fortalece derechos y el sostenimiento del consumo. El mercado interno, que sostiene gran parte del empleo en comercio, se beneficia cuando las mejoras son permanentes. Sin embargo, el efecto sobre la demanda dependerá de la evolución de los precios: una integración nominal que pierde frente a la inflación no repone la capacidad de compra.

Riesgos para el empleo y la continuidad comercial

Las empresas enfrentarán un salto en costos laborales cuando las sumas pasen a formar parte del básico en abril. Esto puede incentivar negociaciones empresariales para ajustar plantillas, horas o condiciones en comercios donde los márgenes son estrechos, especialmente en pymes. Por eso la cláusula de revisión pactada para marzo es relevante: permite reabrir la discusión si la inflación supera lo previsto. Vemos necesario que las revisiones incluyan condiciones para proteger el empleo, no solo el salario nominal.

Qué conviene fiscalizar y qué pedir en la próxima ronda

Es imprescindible que sindicatos y el Estado controlen dos cosas: 1) que la integración se realice efectivamente y que las empresas reflejen los cambios en recibos, y 2) que la revisión de marzo considere índices de precios objetivos y cláusulas de reapertura automática si la inflación interanual supera un umbral acordado. Además, incorporar compensaciones para pymes —créditos blandos o descuentos contributivos temporales— puede mitigar el choque de costos sin sacrificar salario.

Perspectiva final

El acuerdo avanza en consolidar parte del salario de los repositores, una mejora en derechos que coincide con nuestra posición de defender la consolidación salarial. Pero la verdadera ganancia social dependerá de que esa integración preserve poder de compra y no derive en pérdida de empleo. La paritaria de marzo será la prueba de fuego: si la inflación sigue alta, será necesario reabrir la discusión y combinar aumentos con medidas para sostener la actividad comercial y el empleo.