El “Súper RIGI” es una propuesta para dar beneficios fiscales mucho más amplios que el régimen vigente, con alícuotas de Ganancias del 15% para empresas del programa, exención de aranceles y estabilidad fiscal por 30 años, según la nota de iProfesional del 9/5/2026. Esa frase resume lo esencial: incentivos fuertes para atraer proyectos grandes en sectores como baterías de litio, autos eléctricos, energía eólica y paneles solares.
¿Qué propone el “Súper RIGI”?
El paquete incluye varias ventajas concretas: alícuota de Ganancias reducida al 15% frente al 25% del RIGI actual (tasa nominal para empresas inscritas), amortización acelerada del 60% de la inversión en el primer año y 20% en los dos años siguientes, exención de aranceles de importación y 0% de derechos de exportación para lo producido por el proyecto, según iProfesional. Además se mantiene la estabilidad fiscal por 30 años y la posible exención del impuesto al cheque. El régimen original, creado por la Ley Bases de 2024, requería inversiones mínimas de US$200 millones y daba estabilidad por 30 años; ahora el Ejecutivo promete ampliar sectores y, aparentemente, reducir aún más la carga tributaria para proyectos “nuevos”. Estos cambios buscan acelerar la llegada de capitales que tardan años en recuperar la inversión.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
En teoría, mayor atractivo fiscal puede acelerar inversiones de largo plazo: el Comité de Evaluación del RIGI informó a fines de abril US$94.965 millones en iniciativas entre aprobadas y en evaluación, con US$27.210 millones aprobados y US$67.755 millones en trámite, según iProfesional. Eso sugiere interés real en energía y minería, sectores que concentran la mayoría de proyectos. Pero el impacto fiscal depende de que esas inversiones se concreten y rindan: tantos beneficios hoy implican menos recaudación inmediata y un costo de oportunidad fiscal que hay que evaluar frente a necesidades de corto plazo del Estado. Además, la exigencia de exportar al menos el 20% de la producción anual para mantener beneficios crea una condición que no todas las inversiones cumplirán. En suma: puede mejorar la oferta exportable en el mediano plazo, pero no elimina riesgos de ejecución y tiempos largos de recuperación.
Riesgos fiscales y de ejecución
Los principales riesgos son dos: fiscal y operativo. En lo fiscal, exenciones como 0% de aranceles y menores alícuotas reducen la recaudación presente —y la sostenibilidad depende de que la actividad adicional compense esa pérdida con mayor empleo y exportaciones. En lo operativo, la regla de mínimos (inversión, exportación mínima, cumplimiento del plan) genera asimetrías: si una compañía no cumple, el Estado pierde control o recupera beneficios con litigios largos. El régimen RIGI ya exige inversiones desde US$200 millones y plazos de estabilidad de 30 años; el “Súper RIGI” parece ampliar sectores y reducir impuestos, pero la nota no especifica el monto mínimo final. Por último, la carga de incentivos concentra riesgo en pocos proyectos grandes: si unos pocos fallan, el costo fiscal relativo será mayor.
¿Qué puede hacer quien ahorra o tiene una pyme?
Para la mayoría de los ahorristas domésticos: esto no cambia la regla básica. Mantener un fondo de emergencia de 3–6 meses, priorizar el pago de deudas caras y reservar parte del ahorro en dólares o instrumentos indexados sigue siendo la recomendación. Para pymes interesadas en participar: evaluar con detalle el requisito mínimo de inversión (a confirmar cuando se publique el proyecto), la exigencia de exportación mínima del 20% y el calendario de amortizaciones aceleradas. Si la pyme no puede garantizar exportaciones ni inversiones de escala, el “Súper RIGI” no será una opción práctica. Para empleados y consumidores, los efectos —más empleo en sectores nuevos o cambios en precios de importados— llegarán en el mediano plazo y dependerán de la ejecución real de los proyectos.
En definitiva, el “Súper RIGI” promete mayor atracción de capitales con costos fiscales visibles hoy y beneficios potenciales mañana. Como siempre: hay que separar el anuncio (tasas, exenciones y cifras de proyectos) de la concreción (ejecución, empleo, exportaciones). Nuestra postura: mantener liquidez para imprevistos, reducir deuda cara y preservar parte del ahorro en cobertura cambiaria o indexada mientras se observa si los proyectos aprobados (US$27.210 millones hasta abril, según el Comité citado por iProfesional) efectivamente se ejecutan y generan resultados.
