El Gobierno propone vender o concesionar empresas públicas para captar dólares: cuatro de las seis firmas que tiene en carpeta cerraron 2025 con superávit, según el balance anual del Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, el agregado muestra un superávit financiero de $903.000 millones en 2025, pero una caída del 19,1% respecto de 2024 y un déficit operativo conjunto de $1,3 billones (según el balance anual del Ministerio de Economía). Esa doble fotografía explica por qué la venta aparece como solución rápida para reservas, pero obliga a preguntarnos a quiéns afecta y con qué costos sociales.
¿Por qué vender ahora si varias firmas tienen superávit?
La respuesta oficial es simple: conseguir dólares en el corto plazo en un contexto de acceso restringido al crédito internacional (según la comunicación oficial). El balance muestra que cuatro de las seis compañías en carpeta cerraron el año con resultados positivos, pero la lectura no es homogénea. Enarsa tuvo un excedente financiero de $324.000 millones en 2025, aunque fue 31,8% menor al de 2024 (según el balance anual del Ministerio de Economía). AySA registró un superávit operativo de $237.000 millones pero un déficit financiero de $18.000 millones; la compañía atribuye esa brecha a que los ingresos por tarifas crecieron cerca de 1% mensual en 2025 mientras las obras lo hicieron a mayor ritmo (según el balance y la propia empresa).
En cambio, Belgrano Cargas mostró un rojo de $41.000 millones en 2025, muy por encima de los $6.200 millones del año anterior, y otras firmas como Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina cerraron con saldos positivos de aproximadamente $30.000 millones, $39.600 millones y $90.300 millones respectivamente (según el balance anual del Ministerio de Economía). Ese mosaico explica por qué el Gobierno prioriza algunas ventas o concesiones y deja otras en revisión.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
Las empresas en juego pertenecen a sectores que tocan la vida diaria y la producción: energía, transporte e infraestructura. La venta rápida puede aportar divisas, pero también implica riesgos para el empleo y para la política tarifaria. Si el Estado abandona activos que hoy generan ingresos recurrentes —como Nucleoeléctrica o Corredores Viales— reduce su capacidad de amortiguar shocks futuros. Además, cuando las privatizaciones se plantean como prioridad para acopiar reservas, el ajuste corre el riesgo de trasladarse a trabajadores o usuarios.
No es teoría: AySA mostró que los ingresos por tarifas subieron cerca de 1% mensual en 2025 mientras los gastos en obras crecieron más rápido (según el balance anual del Ministerio de Economía). Privatizar sin cláusulas que garanticen empleo y control tarifario puede transformar un recurso fiscal en un pasivo social. Por otro lado, firmas con déficit estructural como Belgrano Cargas requieren inversión; una concesión responsable puede mejorar eficiencia, pero exige garantías de mantenimiento de la red y del empleo.
Alternativas: ¿Dólares sin recortes a jubilaciones y salarios?
La pregunta central para nosotros es cómo conseguir reservas sin que la consolidación fiscal se financie con recortes previsionales o salariales. Hay caminos intermedios: concesiones por tramos, ventas parciales con control estatal, empresas mixtas y condiciones contractuales que aseguren empleo y reinversión. Es posible además exigir mecanismos de transparencia que publiquen ofertas, evaluaciones y uso de los recursos obtenidos por la venta (una condición mínima para evitar clientelismo y fuga de divisas).
También es fundamental que los ingresos por privatizaciones se destinen a reforzar reservas y financiar inversiones productivas que expandan la capacidad exportadora en el mediano plazo. El Gobierno confía además en un impulso agroexportador; como señaló Luis Caputo, el sector podría exportar hasta u$s42.000 millones según sus estimaciones —pero esa proyección no sustituye políticas industriales ni garantiza dólares inmediatos (según la comunicación oficial). Vemos con simpatía la búsqueda de divisas, pero reiteramos que no aceptaremos que la consolidación se pague con salarios o jubilaciones: exigimos transparencia, progresividad y cláusulas que protejan empleo y tarifas.
En síntesis, vender empresas públicas puede ser una herramienta válida para reforzar reservas, pero su diseño operativo definirá si se trata de una solución corta y traumática o de una transformación que preserve capacidades productivas y empleo. Sin estándares públicos claros y sin compromisos exigibles, corremos el riesgo de obtener dólares hoy para devolver costos sociales mañana.
