Comienza a sentirse en la vida cotidiana: horas más largas, mayor variabilidad salarial y la posibilidad de cobrar en especie o en referencia a moneda extranjera pueden impactar directamente en el bolsillo de las familias. Según el proyecto que circula en el Congreso, la jornada máxima pasaría de 8 a 12 horas (iProfesional, 19/2/2026), un cambio que no es neutro para el tiempo de cuidado ni para la distribución del ingreso.

Qué cambia en números

El proyecto modifica varios pilares de la relación laboral. Se permite el pago de parte del salario en especie y se flexibiliza la referencia a moneda extranjera para la liquidación de haberes (iProfesional, 19/2/2026). La jornada laboral legal se eleva a 12 horas con 12 horas de descanso entre turnos, frente a las 8 horas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20.744). En materia indemnizatoria, se mantiene la base de un mes por año trabajado pero con un tope de 3 veces el salario promedio según convenio; además las indemnizaciones podrán abonarse en 6 cuotas para grandes empresas y 12 para pymes (iProfesional, 19/2/2026). El cálculo se actualizará por inflación más un plus del 3% anual (iProfesional, 19/2/2026).

Empleo formal: ¿crea trabajo o reduce costos?

El Gobierno presenta la reforma como una herramienta para aumentar el empleo registrado: según datos citados en la discusión, hay unos 9,8 millones de asalariados en la Argentina y apenas 6,2 millones están sujetos a descuento jubilatorio (INDEC, citado por iProfesional, 19/2/2026). Ese diagnóstico de fragilidad del empleo formal es real y exige políticas. Ahora bien, disminuir el “costo” de contratar mediante topes a la indemnización, cuotas para el pago y flexibilidades en jornada puede abaratar salarios y aumentar la rotación. En otras palabras, puede facilitar más contrataciones precarias en vez de empleo estable y de calidad.

Quién gana y quién pierde

Ganan: sectores empresariales que enfrentan rigideces de costos por demandas salariales uniformes o por estacionalidad productiva; las grandes empresas y filiales de multinacionales que ya usan esquemas en moneda extranjera verían legalizada una práctica extendida (iProfesional, 19/2/2026). Pierden: trabajadores que ven diluirse su poder de negociación colectiva si se impulsa la dispersión por empresa, región o “mérito”; asalariados con baja protección pueden ver reducidos los ingresos reales si parte de la remuneración queda en especie o referenciada en dólares a un tipo de cambio oficial que luego se deprecia.

Desde la perspectiva de género, la ampliación de la jornada y la mayor exigencia de disponibilidad horaria agravan la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres, reduciendo su capacidad para combinar empleo formal y tareas domésticas si no se implementan medidas de corresponsabilidad y servicios de cuidado.

Riesgos macro y de demanda

Tenemos una regla básica: el salario no es sólo un costo, es demanda. Si la reforma reduce salarios efectivos o los vuelve más volátiles, se comprime el consumo interno. En un país donde el mercado doméstico sostiene gran parte de la actividad industrial, esa caída en demanda puede traducirse en menos producción y, paradójicamente, en menos empleo a mediano plazo. Además, permitir pagos en moneda extranjera o por referencia a la divisa oficial sin contrapartidas para proteger jubilaciones y salarios indexados puede aumentar la vulnerabilidad frente a choques cambiarios.

Alternativas y cierre

Si la meta es formalizar empleo, hay caminos que no pasan por degradar el salario ni por ampliar la precariedad horaria: incentivos temporales a la contratación de jóvenes y mujeres con cláusulas de mantenimiento de empleo, subsidios a la creación de puestos de trabajo de calidad, crédito dirigido a pymes por conversión de puestos informales en formales, y fortalecimiento de la negociación colectiva sectorial para evitar carrera hacia abajo. También es posible diseñar fondos de cese con garantías y rendimientos redistributivos sin convertir la indemnización en cuotas que licúan derechos.

Defendemos consolidar salarios y proteger el poder adquisitivo; una reforma que amplíe la flexibilidad sin garantías claras de empleo estable y aumento de productividad corre el riesgo de transferir ingresos desde los trabajadores hacia los empleadores y de debilitar la demanda interna (posición coherente con declaraciones previas). Mientras el proyecto avanza hacia el Senado, la discusión no debe limitarse a menores costos empresariales: requiere evaluar cómo se preserva el ingreso real, la calidad del empleo y la sostenibilidad del sistema previsional.