Prestadores del PAMI lanzan un bono solidario optativo de $10.000 ante impagos que, según prestadores y fuentes consultadas por PERFIL, ya generan deudas que en un caso documentado superan los $1.271 millones y ponen en riesgo la continuidad de la atención a jubilados.
¿Qué está pasando con PAMI y por qué?
La secuencia administrativa que históricamente financia al sistema está rota. Según la nota de PERFIL, el circuito obliga a facturar el día 15 del mes siguiente, someter la factura a una auditoría que demora 45 días y recién liquidar el último día hábil para pagar al día 15 del mes posterior, lo que genera plazos de cobro entre 85 y 105 días. En el nuevo cuadro, esa rueda se detuvo por una paralización de expedientes: prestadores denuncian que auditorías no se realizan desde hace más de dos meses por reasignaciones de personal en la Gerencia de Administración de Prestaciones, lo que impide la liquidación y el pago. El Gobierno, por su parte, insiste en que solo hay vencimientos de mayo por pagar y que no existe deuda estructural, según declaraciones de Manuel Adorni reproducidas por PERFIL. También es relevante el monto de la cápita: el valor de la cápita PAMI figura en $13.894,23 por afiliado, una cifra que los prestadores consideran insuficiente frente a costos reales, según el mismo reportaje.
¿Cómo impacta esto en jubilados, empleo y servicios?
El impacto ya es tangible. Prestadores y municipios informan cierres y amenazas de cierre: PERFIL cita el caso del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez, que dejó a miles de jubilados sin internación de alta complejidad. Las clínicas financian salarios y compras con capital propio esperando la rotación de facturas; cuando esa rotación se interrumpe, se acumulan deudas que comprometen su solvencia. En farmacias, las cámaras advirtieron atrasos en la liquidación de la primera quincena de marzo y vencimientos posteriores, obligando a financiar reposiciones con capital privado. El sindicato FATSA y algunos dueños acordaron implementar un bono optativo de $10.000 para aliviar pagos de haberes mientras se regularizan las liquidaciones, según PERFIL. Además, la nota recuerda que una internación puede equivaler a unos USD 1.000, lo que muestra la desproporción entre costos puntuales y la cápita informada.
¿Fue un error presupuestario o una estrategia de asfixia?
No podemos descartar elementos presupuestarios legítimos, pero los hechos documentados sugieren decisiones administrativas con efectos distributivos. El armado de topes para prestaciones y la reasignación de personal de auditoría que detiene expedientes configuran un mecanismo que reduce el flujo de recursos hacia prestadores y fuerza tensiones territoriales. Algunos intendentes interpretan esto como el traslado de obligaciones a provincias, en paralelo al argumento oficial de orden macro. La decisión de imponer topes a prestaciones y recortar liquidez golpea primero a jubilados y al empleo sanitario: cuando el Estado retrasa pagos, quien financia la cadena son salarios y proveedores. Desde nuestra perspectiva, la política fiscal y administrativa no puede sostenerse esquematizando el cierre lento de servicios esenciales.
Qué medidas urgentes y de mediano plazo proponemos
A corto plazo, proponemos tres pasos: 1) un anticipo transitorio de liquidez que cubra al menos 60 días de facturación para los prestadores, con rendición posterior y transparencia en el estado de expedientes; 2) reempadronamiento y auditoría urgente con reincorporación del personal técnico para destrabar expedientes; 3) garantizar que no se financie la emergencia con recortes a jubilaciones o salarios. A mediano plazo, promovemos el uso focalizado y con topes temporales de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para otorgar crédito puente a prestadores y vivienda, con transparencia pública en los criterios de asignación. Rechazamos que la respuesta sea trasladar costos a provincias o a los jubilados; la protección del sistema de salud de la tercera edad es también una política laboral y social. Estas medidas preservan empleo, evitan cierres y mantienen la atención de los más vulnerables.
