¿Qué pasó y por qué importa?

El artículo conocido como “cláusula Galperin” buscaba habilitar a las billeteras virtuales para recibir el pago de sueldos, pero finalmente fue excluido del proyecto en la Comisión por advertencias del sector bancario (Perfil, 22/02/2026). El lobby no cesa: ahora la discusión podría reabrirse durante la reglamentación si la ley avanza.

Riesgos sistémicos y cifras que pesan

Los principales argumentos en contra no son técnicos, son prácticos: las billeteras todavía carecen de seguro de depósitos y de la infraestructura prudencial de los bancos. Las entidades alertan sobre el impacto en el fondeo prestable: Abappra estima que un desplazamiento hacia billeteras podría erosionar entre $3,8 y $6,4 billones en fondeo, lo que equivale a entre 0,44% y 0,75% del PBI (Abappra, carta a diputados y senadores, citado por Perfil, 22/02/2026). Eso no es un número menor si pensamos en crédito a mediano plazo para empresas y familias.

Además, desde la perspectiva del usuario final hay dos riesgos concretos. Primero, las tasas de endeudamiento en algunas billeteras reportadas pueden superar el 500%, mientras que las tasas observadas en intermediarios tradicionales rondaban el 90% (citado por Perfil). Segundo, la fragilidad de ciertos proveedores de servicios de pago se ha visto en crisis internacionales (casos como Wirecard o FTX) y en fracasos locales, con pérdidas para clientes.

Qué muestran los datos locales sobre vulnerabilidad

La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia señala que hoy hay 20,5 millones de personas endeudadas en el país (Banco Provincia, citado por Perfil, 22/02/2026). La irregularidad de cartera se ubica en 13% para el total del sistema y asciende al 24,6% dentro de las entidades no financieras (Banco Provincia, citado por Perfil). En los dos primeros años del gobierno mencionado, el crédito a las familias ayudó a moderar la caída del consumo; ahora, con mayor irregularidad, ese efecto se invierte y parte de cualquier mejora del ingreso irá a repagar deudas viejas.

Costos y beneficios: el argumento a favor

Quienes promueven la apertura argumentan que permitir que las PSP cobren sueldos fomenta la inclusión financiera, reduce costos operativos y aumenta competencia. En barrios y asentamientos, la posibilidad de cobrar en una billetera puede ser una ventaja logística. Es un argumento legítimo, pero debe medirse contra la protección real del usuario y las consecuencias para el crédito.

Qué puede hacer el lector (y qué deberían exigir empleadores y reguladores)

  • Si sos trabajador: exigir que el empleador ofrezca la opción de depósito en una cuenta bancaria con seguro de depósitos. Evitar dejar grandes saldos en billeteras; trasladar a cuenta bancaria o a dólar según tolerancia al riesgo.
  • Si sos empleador: darle prioridad a bancos para el pago de nóminas salvo que la PSP demuestre equivalencia en protección y liquidez; exigir contratos claros y límites sobre comisiones y crédito asociado.
  • Si usás billeteras para compras o cobros: revisar comisiones y tasas de crédito, no usar el saldo como sustituto de ahorros y documentar movimientos para evitar problemas legales y fiscales.
  • Para reguladores: exigir requisitos prudenciales para PSP que reciban sueldos (protección de depósitos, liquidez, límites de inversión de fondos de nómina) o prohibir que manejen fondos de nómina sin transformarse en bancos regulados.

Conclusión práctica

El debate no es solo técnico: impacta en cuánto crédito habrá disponibles y en la protección de quienes menos pueden afrontar pérdidas. Mientras no haya reglas que equiparen la protección de depósitos y el tratamiento prudencial entre bancos y PSP, la alternativa conservadora para los ahorros sigue siendo diversificar y mantener parte en dólares, y priorizar canales formales y documentados para el cobro y la administración de ingresos. Esa combinación reduce riesgo individual y protege la capacidad de ahorro frente a la inflación y a las quiebras de proveedores de servicios de pago.