La pobreza habría alcanzado 30% en el cuarto trimestre de 2025 según los microdatos de la EPH, y subiría a 35% si se aplican correcciones de captación de ingresos realizadas por la consultora LCG. (EPH 4T25; LCG, mayo 2026). Este salto no es un detalle técnico: marca un piso más alto para el primer semestre de 2026 en un contexto de salarios reales en retroceso.
¿Qué nos dicen las cifras?
Los distintos indicadores no coinciden pero coinciden en la dirección: deterioro. El INDEC informó 28% de pobreza para el segundo semestre de 2025 (INDEC), mientras los microdatos de la EPH muestran 30% para octubre-diciembre de 2025 (EPH). La consultora LCG, al corregir la captación de ingresos, estima 35% en el cuarto trimestre y 32,7% como promedio semestral (LCG). Además, el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella ubica la pobreza en 29,2% para el semestre noviembre 2025-abril 2026 con un intervalo de confianza 95% entre 27,7% y 30,6% (UTDT). Estas tres mediciones juntas sugieren que la mejora social vista en 2025 se frenó y que la línea de base social para 2026 es más alta.
¿Cómo impacta esto en los hogares y el empleo?
La caída del poder adquisitivo es el motor inmediato. Los salarios registrados aumentaron 3% nominal en marzo y acumulan una pérdida real de 4,67% en los últimos siete meses, según el cálculo publicado por Ámbito sobre datos oficiales (Ámbito, mayo 2026). Paralelamente, la canasta básica alimentaria subió 11,6% en el primer trimestre de 2026 y la canasta básica total 9,6% entre enero y marzo (INDEC). La jubilación mínima con bono, congelada desde marzo de 2024, muestra una pérdida real de 17,6% entre 2023 y 2026 según la UCA, mientras el haber sin bono perdió 10,2% en el mismo período (Observatorio de la Deuda Social, UCA). Menos poder de compra se traduce rápidamente en menor demanda de bienes y servicios y en mayor riesgo de despidos y precarización. Desde nuestra perspectiva, la prioridad debe ser sostener ingresos y empleo para no encender otra ola de pobreza.
¿Qué falla en las estadísticas y por qué importa?
Parte del debate es metodológico: la EPH mejora la captación de ingresos informales y registrados, y eso afecta la línea histórica de comparación. LCG señala que los salarios privados formales relevados por la EPH pasaron de representar históricamente 81% de los registrados por el SIPA (2017-2023) a 93% en 4T25, lo que sugiere una mejor captura de ingresos en la encuesta pero también una posible sobreestimación de la mejora salarial si no se corrige la serie (LCG). Si la encuesta incorpora más ingresos informales o refleja cambios en declaración, las tasas oficiales pueden subestimar la pobreza real. Este debate técnico tiene consecuencias políticas: creer que la pobreza bajó definitivamente puede justificar medidas de austeridad que hoy serían injustificadas a la luz de las correcciones.
Qué propuestas urgentes y por qué las defendemos
No podemos aceptar que la estabilización se financie con recortes a salarios o jubilaciones; esa receta profundizaría la caída del consumo y golpearía empleo. Proponemos tres prioridades: primero, reempadronamiento de la SUBE para focalizar subsidios al transporte y liberar recursos que beneficien a quienes más lo necesitan; segundo, uso focalizado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para créditos a empresas que mantengan empleo y para programas productivos dirigidos a sectores con mayor empleo intensivo; tercero, ajuste de transferencias y actualizaciones previsionales con fórmula que proteja el poder adquisitivo de jubilados. Estas medidas combinan protección social y apoyo a la producción sin trasladar el ajuste a las capas más vulnerables. Hacerlo equivale a aceptar menos pobreza y más estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.
En síntesis, los números muestran que la mejora social de 2025 no es irreversible: hay señales de aceleración de la pobreza por pérdida salarial e inflación. Actuar requiere proteger ingresos y demanda hoy, y recuperar inversión productiva mañana.
