Las plataformas de movilidad y reparto ya mueven recursos y tiempo de trabajo a escala federal: DiDi informó una inversión de US$160 millones en 2025 para operar en más de 200 localidades y Rappi registró 45.000 repartidores activos en diciembre de 2025 (según PERFIL). Esta nota analiza qué generan esas cifras en empleo, cómo se distribuyen los ingresos y qué políticas hacen falta para que la flexibilidad no sea sinónimo de desprotección.
¿Cómo impacta esto en el mercado laboral argentino?
Vemos un crecimiento notable en cantidad de usuarios y conectados, pero con perfiles mayormente parciales y variables: Rappi indica que el 70% de sus repartidores se conecta menos de 50 horas por mes y que el 56% se conecta menos de 25 horas mensuales, con un promedio de 53 pedidos al mes —unas 32–33 horas mensuales— (según Rappi, citado por PERFIL). DiDi reportó un aumento del 85% en viajes en autos y 100% en motos entre enero y marzo de 2025 respecto al año anterior (según PERFIL), y declaró que desde su expansión en 2024 se duplicó la cantidad de personas que se conectaron al menos una vez para trabajar. Estos datos muestran dos efectos simultáneos: creación de oportunidades de ingreso marginal y extensión de la informalidad estructural. Desde la lente distributiva, la actividad tiende a favorecer a plataformas y comercios asociados por economías de escala, mientras que la mayoría de quienes trabajan en ellas enfrenta ingresos volátiles y sin la cobertura típica de empleo dependiente; la estadística de horas y frecuencia aporta evidencia empírica de que hablamos mayormente de complementos de ingreso, no de empleos estables, con implicaciones sobre consumo agregado y seguridad social.
¿Qué aporta la nueva ley y protege a los trabajadores?
La Ley 27.802 estableció un marco específico para las plataformas, consagrando la independencia de los prestadores y obligando a contar con seguros de accidentes personales, una medida que las empresas destacan como central (según PERFIL). El oficialismo y las empresas sostienen que la norma da previsibilidad y evita litigiosidad; el diputado Álvaro Martínez lo presentó como reconocimiento de la autonomía del trabajo mediado por algoritmo. Pero expertos, como Oscar Cuartango, advierten que la ley puede consolidar una precariedad preexistente y alejarse de la tendencia internacional que busca presumir la relación laboral —por ejemplo, la Ley Rider en España y la Directiva Europea de 2024 introducen la presunción de dependencia y exigen transparencia sobre algoritmos— (según PERFIL). En este equilibrio, la obligatoriedad de seguros es un avance limitado: protege riesgos puntuales (fallecimiento, incapacidad, gastos médicos) pero no garantiza aportes previsionales, ART plenas ni derechos sindicales. La discusión central es si la regulación nacional acompañará las coberturas con mecanismos efectivos de contribución y fiscalización o si quedará como un parche que legitima flexibilidad a costa de derechos.
¿Qué políticas necesitamos para que las plataformas generen empleo de calidad?
Desde nuestra perspectiva, la agenda pública debe combinar protección social, transparencia y políticas productivas. Primero, transparencia algorítmica y derecho a la información para que las evaluaciones de desempeño no sean caja negra; la experiencia europea exige esto y Argentina debería adoptarlo (según PERFIL sobre la directiva). Segundo, esquemas de beneficios portables: aportes proporcionales, contribuciones compartidas y acceso a obra social o seguro previsional sin obligar la subordinación absoluta. Tercero, políticas de género: las plataformas aumentaron la inscripción de mujeres —DiDi reporta un 250% de crecimiento en registros desde su “Academia de Mujeres Conductoras” y hoy representan alrededor del 8% de conductores, según PERFIL—, por lo que programas de formación, guarderías y seguridad son prioritarios para que esa expansión sea sostenida. Cuarto, incentivos productivos para formalizar las microeconomías en red: crédito blando, capacitación para comercios y reglas fiscales que no se financien con recortes a jubilaciones o salarios. Estas medidas permitirían convertir la liquidez semanal que atrae a muchos trabajadores (mecanismo destacado por Rappi) en trayectorias laborales más estables y con derechos.
En suma, las plataformas ofrecen oportunidades reales —inversión y expansión territorial— pero no son una solución automática al empleo de calidad. Si el objetivo es ampliar el trabajo digno, la política debe intervenir: combinar regulación inteligente, protección social y medidas productivas que no se paguen con la merma de ingresos previsionales o salariales.
