La morosidad del crédito a hogares alcanzó 11,2% en marzo y la irregularidad en tarjetas llegó al 11% —los niveles más altos desde 2001— mientras que en el sector no bancario la mora supera el 30% (iProfesional, 1/5/2026; consultora 1816). Ante ese cuadro, la provincia de Santa Fe lanzó un Plan de Protección de los Ingresos que fija un tope del 25% para descuentos por código, ofrece refinanciaciones en hasta 24 cuotas con tasas fijas y líneas para consolidar deudas privadas a plazos de hasta cinco años (provincia de Santa Fe, 2026). El dato es relevante: si 35% de los empleados estatales tiene descuentos y 12.000 superan el 25% del salario, la intervención no es cosmética, es una respuesta a un problema generalizado.

¿De qué se trata el plan y por qué nace?

El programa santafesino combina límites a los descuentos con refinanciación y reempadronamiento de entidades que operan con códigos de descuento. El punto central es reducir la carga inmediata del salario: el tope baja del 50% al 25% y se exige a cooperativas, mutuales y financieras readecuar sus condiciones o perder acceso a nuevos clientes (provincia de Santa Fe, comunicado, 2026). La oferta incluye refinanciar deudas en hasta 24 cuotas para empleados y plazos de hasta cinco años con tasas por debajo del promedio del mercado para privados. La medida responde a una realidad cuantificable: la mora en tarjetas bancarias subió del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026, y en fintech supera el 25% (iProfesional, 1/5/2026). Vemos que la génesis fue salarial: protestas de policías y docentes mostraron que, pese a sueldos nominales altos, el ingreso disponible había sido licuado por descuentos y tasas punitorias.

¿Cómo impacta esto en las familias y en el sistema financiero?

El aumento de la mora significa menos ingreso disponible, más intereses punitorios y riesgo de embargos para familias ya golpeadas. Según la nota, en hogares la morosidad llega al 9,1% y en entidades no bancarias supera el 30%, con un impacto más fuerte en jóvenes y jubilados (iProfesional; consultora 1816). La presión se transmite en dos vías: por un lado, la pérdida de consumo doméstico; por otro, el estrés sobre mutuales y cooperativas que concentran carteras de empleados públicos en el interior. El presidente del BCRA, en la Expo EFI, relativizó el pico y dijo que los bancos estarían saneando la mora, pero eso no resuelve la concentración del problema fuera del sistema bancario tradicional. Si las entidades no se readecuan, se corre el riesgo de restringir crédito en municipios o empujar a familias a mecanismos informales más caros.

¿Qué puede y debe hacer el Estado? Nuestro criterio

Apoyamos medidas que alivien a las familias sin cargar el ajuste solamente sobre salarios o jubilaciones. El plan santafesino va en esa dirección al fijar topes temporales y ofrecer refinanciación, una combinación que preferimos frente a recortes generales de ingresos. Pero debe contemplar salvaguardas: 1) reempadronamiento y supervisión de entidades con transparencia de tasas y costos; 2) asistencia condicionada para cooperativas que demuestren viabilidad, evitando transferir recursos a prestadores predatorios; 3) líneas públicas de consolidación con tasas subsidiadas para casos más vulnerables; 4) educación financiera y asesoramiento, ya previsto en el plan, para reducir rehypotecación emocional. El gobierno provincial señaló que el Nuevo Banco de Santa Fe representa solo el 10% de la cartera estatal, lo que confirma que la solución exige actuar sobre el universo no bancario (iProfesional, 1/5/2026).

No es momento para soluciones mágicas: proteger el salario y el haber jubilatorio debe ser la prioridad, acompañada de reglas claras para las entidades crediticias y mecanismos temporales, focalizados y evaluables en el tiempo. De lo contrario, la reestructuración de deudas puede convertirse en un parche que posterga una corrección necesaria del mercado de crédito no bancario y deja a las familias pagando dos veces por la misma crisis.