El menor crecimiento previsto para 2026 pone en riesgo hasta aproximadamente $1,5–$2,5 billones de recaudación, según el cálculo de Leo Anzalone, director del Cepec, citado en PERFIL. Esa pérdida explica por qué, aunque el Sector Público Nacional cerró 2025 con un superávit primario del 1,4% del PBI (según el Ministerio de Economía), mantener esa cifra este año exigirá más ajuste o medidas alternativas.
¿Qué muestran los números y por qué importa?
La lectura cuantitativa es simple pero dolorosa: en 2025 la economía creció 4,4% anual (dato oficial), mientras que el REM del Banco Central proyecta 3,3% anual para 2026 (REM, BCRA), es decir 1,1 puntos menos. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, INDEC) acumuló una caída del 2,3% en dos meses (variación acumulada, INDEC), y la recaudación tributaria registra ocho meses consecutivos de caída en términos reales (según Empiria Consultores en PERFIL). Como regla general citada en el mercado, cada punto porcentual de PBI que se pierde puede reducir la recaudación real entre 1% y 1,2%; trasladado a la relación ingresos/PBI (≈20%), eso equivale a cerca de 0,2–0,25 puntos del PBI menos de ingresos, o los $1,5–$2,5 billones mencionados por Anzalone.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
El primer canal es el tipo de cambio: menos recaudación aumenta la presión sobre las reservas y eleva el riesgo de intervenciones del Banco Central. El Fondo Monetario flexibilizó su objetivo original de 2,2% a 1,4% del PBI para 2026 (comunicación del FMI citada en PERFIL); sin embargo, el presupuesto del ministro Luis Caputo estima un superávit de 1,2% del PBI (Presupuesto 2026), una diferencia que los inversores miran con lupa. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó un posible incumplimiento de $1,59 billones respecto al objetivo de junio y calculó la necesidad de acumular cerca de $1,34 billones mensuales en los próximos tres meses para revertirlo (CEPA, PERFIL). Esa combinación eleva el riesgo país y acorta el margen para políticas pro-ciclo: los mercados castigan la percepción de financiamiento encubierto del Tesoro vía el BCRA y premian señales claras de anclas fiscales.
Qué puede y qué no puede hacer el Gobierno
Las opciones son conocidas y políticamente costosas. Una vía es recortar gasto corriente o postergar inversiones, pero la pregunta es qué partidas soportan la ‘motosierra’ sin destruir capacidad productiva. Otra alternativa es elevar ingresos vía suba tributaria, aunque eso profundiza la desaceleración. Técnica y políticamente menos dañino sería aumentar la eficiencia de la recaudación y eliminar distorsiones que hoy deprimen la base imponible. Importa, además, la forma en que se gestione la cuenta externa: la acumulación de reservas puede ayudar a calmar mercados, pero respaldamos esa estrategia sólo si es transparente, no constituye financiamiento encubierto al Tesoro y viene acompañada de anclas fiscales creíbles. En paralelo, la independencia del BCRA y reglas claras reducen la prima de riesgo y hacen menos costosa cualquier corrección.
Conclusión: no hay almuerzos gratis
La foto fiscal de 2025 —superávit del 1,4% con crecimiento del 4,4%— no se va a repetir automáticamente en 2026. Con la economía más lenta (REM 3,3%) y la recaudación en retroceso, la discrepancia entre objetivos oficiales y proyecciones privadas obliga a gobierno y mercados a decidir entre ajuste explícito, financiamiento más caro o atajos que generan brecha y erosión de reservas. Desde la perspectiva de la estabilidad cambiaria y la confianza, la mejor receta sigue siendo anclas fiscales transparentes, un Banco Central con reglas claras y evitar que la acumulación de reservas funcione como caja del Tesoro.
