Empezamos por lo humano: para una familia de un trabajador en una pyme, la discusión sobre licencias por enfermedad no es técnica sino la diferencia entre conservar el empleo y quedar desamparada. La reforma enviada al Congreso introdujo cambios que generaron rechazo y, finalmente, la retirada del artículo 44 sobre licencias. Esa marcha atrás deja vigente un régimen que obliga al empleador a pagar el salario completo durante un período de entre 3 y 12 meses según antigüedad y situación familiar, con costos muy altos para firmas pequeñas (Fuente: Idesa, “El empleo público cordobés en la era de la flexibilidad”, 22/02/2026).

Licencias: tensión entre control de ausentismo y protección social

El argumento a favor del cambio era reducir abusos: la nota cita que 6 de cada 10 empresas tienen al menos un día perdido por ausentismo en el mes (Fuente: Idesa, 22/02/2026). Ese dato explica la demanda empresaria de reformar las licencias, pero la respuesta no puede ser recortar cobertura y trasladar el riesgo al trabajador. Observamos dos problemas concretos: a) para enfermedades leves, la dificultad de control convierte la medida en ineficaz; b) para enfermedades de larga duración, los costos completos sobre el empleador incentivan la desvinculación, que precariza al trabajador pese a la indemnización legal (Fuente: Idesa, 22/02/2026).

Un modelo alternativo que menciona la nota —el de Uruguay y varios países europeos— es que los primeros días corran por el trabajador y que el seguro social intervenga en casos prolongados. Ese diseño equilibra incentivos y protege a quienes enfrentan patologías serias. No está claro por qué el proyecto no incorporó un esquema de reaseguro público-privado para enfermedades largas; la renuncia a esa reforma deja un vacío que pesará más en las pymes.

Pymes y la trampa de la formalidad

La nota enfatiza algo central: el estancamiento del empleo privado registrado durante más de una década (Fuente: Idesa, 22/02/2026). En ese contexto, la brecha entre el costo laboral para el empleador y lo que el trabajador cobra en mano es uno de los principales motores de la informalidad. La reforma propone incentivos temporales para nuevas contrataciones, pero no reduce la brecha estructural para las empresas existentes, especialmente las micro y pequeñas.

Aquí cabe una política inteligente y focalizada: establecer un umbral mínimo exento de contribuciones patronales para empresas cuya masa salarial sea reducida, de modo que las firmas menos productivas no queden condenadas a la ilegalidad. Esa alternativa, sugerida en el propio artículo, permite formalizar sin comprometer de manera indiscriminada las cuentas públicas si se diseña con límites y fases.

Riesgos del sistema de riesgos del trabajo (ART)

La reciente baja de una ART por la Superintendencia de Seguros es un síntoma de litigiosidad extrema y de un sistema en crisis (Fuente: Idesa, 22/02/2026). La reforma en trámite no ofrece soluciones prácticas: se limitó a declaraciones de buenas intenciones. Si no se actúa, corremos el riesgo de que el costo del seguro laboral se concentre en menos oferentes y aumente la prima para empleadores, con efecto regresivo sobre las pymes.

Conclusión: combinar protección social con políticas activas

Vemos que la reforma avanza en algunos frentes pero deja pendientes claves que afectan la calidad del empleo. Nuestra posición es clara y coherente con notas previas: defendemos consolidar salarios y proteger el empleo y la formalización, combinando la expansión de la protección social con políticas activas que sostengan la producción y el empleo registrado. En la práctica, eso implica:

  • Reformular el régimen de licencias hacia un esquema mixto (días iniciales a cargo del trabajador, cobertura pública en enfermedades largas) para disminuir abusos sin desproteger.
  • Implementar exenciones y tramos por tamaño de empresa en contribuciones patronales, con condiciones y límites fiscales.
  • Reformar el sistema de ART para reducir litigiosidad y garantizar oferta suficiente de seguros.

Si no se abordan estos pendientes, la reforma tendrá el efecto contrario al prometido: no reducirá la informalidad y dejará más trabajadores desprotegidos. La pregunta política es si se prioriza ajustar costos hoy o construir instituciones que permitan empleo formal y salarios dignos mañana.