La decisión que empezó a sentirse en marzo —y que según empresarios ya se traduce en nuevas listas de precios— es clara: la suba del 22% en los combustibles registrada en marzo empuja aumentos en góndolas y productos industriales, con aceites y lácteos subiendo entre 5% y 7% y algunas harinas y derivados hasta 10% (según iProfesional). Este traspaso pone en riesgo la recuperación del salario real en un contexto donde la demanda sigue floja.

¿Cómo impacta esto en el bolsillo?

Vemos un doble golpe sobre los asalariados: por un lado, los aumentos directos en alimentos básicos; por otro, la erosión del poder de compra que impide recuperar consumo. Los aceites muestran alzas promedio del 5% al 7% y los productos de almacén, como harinas y galletitas, registran incrementos de hasta 10% (iProfesional). Las consultoras Orlando Ferreres, Eco Go y EconView proyectaban un abril con inflación intermensual por debajo del 3%, pero esos pronósticos ahora están sometidos a la incertidumbre del traslado de costos (iProfesional). En una economía donde el salario es demanda agregada, estos incrementos no son neutros: reducen consumo y ponen en riesgo empleos en el comercio y la industria alimentaria.

¿Por qué se trasladan los aumentos?

La lógica de costos es clara y verificable. No fue sólo la nafta: en las últimas semanas los insumos esenciales subieron fuerte —polietileno hasta 17%, envases de cartón hasta 15% y urea hasta 40%— y son costos que las fabricantes no pueden absorber indefinidamente (iProfesional). Las principales empresas alimenticias informan márgenes en mínimos históricos, lo que explica por qué ahora aplican ajustes principalmente sobre productos premium y preservan los de mayor demanda popular (iProfesional). Además, la presión sobre los costos energéticos acrecienta los precios industriales y genera una segunda vuelta inflacionaria: cuando el insumo energía sube, los fletes y la fabricación trasladan parte de ese ajuste al consumidor final.

¿Qué sectores están más expuestos?

El relevamiento de Eco Go muestra cómo la incidencia del combustible difiere por actividad y por ello el impacto es heterogéneo: el transporte automotor tiene una exposición del 20,6% y el transporte aéreo 20,15%; la generación y distribución eléctrica registra 11,15% de incidencia del combustible; las construcciones agropecuarias alcanzan 13,26% y la fabricación de gases comprimidos 12,47% (Eco Go). Esto explica la cadena de contagio: aumentos en surtidores impactan fletes y logística, que a su vez presionan precios de bienes de consumo masivo. Sectores como la pesca (5,68%) o la fabricación de plásticos (4,0%) también sienten el efecto, mostrando que no es un fenómeno acotado sino transversal a la matriz productiva (Eco Go).

¿Qué debería hacer el Estado?

La respuesta pública no puede limitarse a esperar que los mercados convaliden los traslados. Vemos tres prioridades: 1) Proteger consumo y empleo con medidas focalizadas y temporales (por ejemplo, subsidios directos a transporte de cargas esenciales y programas de ayuda a hogares vulnerables) para evitar que la consolidación fiscal se financie con recortes sobre salarios o jubilaciones; 2) Exigir transparencia en la cadena de precios y controlar prácticas anticompetitivas cuando aparezcan; 3) Promover instrumentos que limiten el impacto distributivo del ajuste energético, como tarifas diferenciales para sectores intensivos y créditos a tasa subsidiada para pymes logísticas. La suspensión por 45 días de algunos aumentos en surtidores buscó amortiguar el efecto inmediato (iProfesional), pero hacen falta medidas más estructuradas y progresivas.

En síntesis, los aumentos de combustibles e insumos están comenzando a filtrarse hacia las góndolas y la política económica debe priorizar proteger el poder de compra y el empleo sin trasladar el ajuste a jubilaciones o salarios. Si no se actúa con prudencia distributiva, la inflación y la pérdida de demanda podrían profundizar una desaceleración que dañaría especialmente a los hogares de menores ingresos.