La nafta en la Argentina alcanzó en marzo de 2026 su máximo histórico medido en dólares: la nafta súper promedio llegó a u$s1,43 por litro, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En términos domésticos ese salto se traduce en precios de surtidor que superan los $1.999 por litro en la Ciudad de Buenos Aires para YPF y precios aún mayores en otras marcas, lo que agrava la presión sobre los bolsillos y sobre la cadena de costos de la economía.

¿Por qué suben tanto los precios en los surtidores?

Vemos una combinación clara de factores externos e internos. En lo externo, el barril Brent registró un aumento de alrededor del 50% desde el 27 de febrero de 2026, pasando de u$s72 a promedios por encima de u$s100 en las últimas semanas, según los relevamientos citados por CEPA. En lo interno, la Secretaría de Energía decidió no intervenir sobre la formación de precios en los surtidores —aunque sí actuó sobre impuestos y biocombustibles—, lo que dejó que el shock internacional impactara de lleno en los valores locales. La reacción privada incluye mecanismos para atenuar oscilaciones: YPF anunció un ‘buffer’ de precios por hasta 45 días para moderar subas inmediatas, pero la compañía aclaró que no se trata de un congelamiento total porque otros componentes del precio siguen su dinámica.

¿Cómo impacta esto en hogares, transporte e industria?

El traslado de la suba internacional y local de combustibles golpea en varios frentes. El gasoil subió a u$s1,48 por litro en marzo, un 61% por encima de su promedio histórico según CEPA, lo que encarece fletes y logística; la nafta premium llegó a u$s1,58, un 41% por encima del promedio. Para los hogares, la suba directa en surtidores (YPF 55% de participación de mercado y Shell ~20% según iProfesional) significa más gasto en movilidad y mayores costos para familias que deben trasladarse. Además, el aumento alimenta la inflación de alimentos y transporte por la vía de los costos, ampliando la pérdida de poder adquisitivo. El incremento de tarifas en el sistema energético y el ajuste de cuadros tarifarios para transportistas por ENRE (resoluciones 180 y 192) adicionan presión sobre empresas y usuarios; el servicio de gas por redes tuvo un ajuste del 1,8% desde el 1° de abril, según las normas publicadas.

¿Las medidas oficiales alcanzan y qué falta?

El Ejecutivo adoptó medidas de alivio parcial: el Decreto 217/2026 suspendió la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) para abril, y la Resolución 79/2026 autorizó aumentar el corte de bioetanol al 15% para abaratar mezcla de naftas con biocombustible nacional. También se redefinió el régimen de subsidios al GNL importado (Resolución 23/2026), excluyendo la asistencia estatal para regasificación que quede fuera del Plan Gas.Ar, lo que implica que importaciones de GNL se pagarán a costo pleno. Son medidas técnicamente útiles y temporales, pero insuficientes: necesitamos transparencia sobre el costo fiscal de la suspensión tributaria, monitoreo del efecto del mayor corte de bioetanol sobre precios y oferta, y mecanismos compensatorios dirigidos a los hogares más vulnerables y a sectores productivos intensivos en energía.

Qué exigimos y cuál debe ser la agenda

Apoyamos alivios que protejan consumo y empleo, pero exigimos que no se financien mediante recortes de jubilaciones o salarios. Las herramientas aplicadas —suspensión de ICL/IDC por un mes, mayor mezcla de bioetanol, buffers comerciales— deben complementarse con transferencias focalizadas y con transparencia en los números fiscales. Además, es necesario coordinar medidas de mediano plazo: estabilizar precios relativos sin sacrificar demanda agregada, sostener el transporte público para quienes menos tienen y acompañar a las pymes logísticas con créditos a tasa subsidiada. La volatilidad internacional exige políticas activas; lo que no podemos aceptar es que las familias y las jubilaciones paguen la consolidación fiscal.