La mora de las empresas se triplicó en el último año: pasó de 0,7% a fines de 2024 a 2,5% en diciembre de 2025, un aumento del 257% en el período, según la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. En enero 2026 la estimación ubicó la mora en torno a 2,6% (Gerencia de Estudios Económicos, Banco Provincia). Al mismo tiempo, la fragilidad se concentra en empresas pequeñas: una de cada ocho firmas (12,5%) registraba atrasos mayores a 90 días en enero, 2,6 puntos porcentuales más que en enero de 2025 (Banco Provincia). Estos números resumen una doble señal: deterioro de la demanda y estrechez financiera para el segmento pyme.
¿Qué está pasando con las empresas y por qué las pymes son las más afectadas?
Observamos que la morosidad no es homogénea. El 1% de las empresas concentra el 75% del monto prestado y mantiene una mora relativamente baja (+2,1%), según el relevamiento citado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. En contraste, el 75% de los créditos más pequeños concentra solo el 25% del monto y registra una irregularidad de cartera del 10% sobre el total, alcanzando mora en el 13,5% de esas firmas (Banco Provincia). El cuadro muestra que los grandes actores siguen accediendo a financiamiento más barato y con mejores condiciones de negociación. Para las pymes, en cambio, la combinación de caída del consumo y costos financieros crecientes reduce márgenes y liquidez, lo que se traduce en más incumplimientos. Además, la concentración del crédito aumenta la vulnerabilidad sistémica cuando la recuperación es insuficiente.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino y en el acceso al crédito?
El deterioro de la cartera aumenta el costo de riesgo para los bancos y las fintech. Según microdatos del Banco Central, la irregularidad en los bancos fue del 11,1% en diciembre de 2025, pero sube al 15,3% en los créditos inferiores a $1 millón (BCRA). En las fintech el incumplimiento fue del 24,6% en diciembre, y de 27,8% para préstamos menores a $1 millón (BCRA). Estas cifras sugieren una retracción del crédito al segmento minorista y pyme y mayor selectividad de los prestamistas. Desde la óptica de los mercados, esto eleva el riesgo percibido sobre el sistema financiero y puede traducirse en mayor aversión al riesgo país y presión sobre el tipo de cambio si la confianza se resiente. No hablamos de inevitabilidades: las medidas de liquidez dirigidas y de reestructuración sectorial pueden amortiguar la transmisión, pero requieren financiamiento transparente y sin recurrir a atajos que oculten costos fiscales.
Qué deberían hacer los hacedores de política y qué no es aconsejable
Primero, prioridad a la transparencia: cualquier apoyo público debe explicitar su costo fiscal y su fuente de financiamiento. Respaldamos la acumulación de reservas del BCRA solo si es transparente y no constituye financiamiento encubierto del Tesoro (posición previa, 22/03/2026). Segundo, hay que focalizar liquidez sobre pymes productivas mediante garantías, líneas subsidiadas temporales y facilitación de prórrogas ordenadas para evitar quiebras por iliquidez. Tercero, fortalecer el marco de insolvencia y mecanismos de reestructuración acelerada reduce pérdidas y preserva tejido productivo. Evitar controles de capital o cepos adicionales que distorsionen precios es clave: los controles complican la asignación del crédito y podrían agravar la brecha cambiaria. Finalmente, monitorear de cerca la evolución de la mora en fintech y microcréditos —donde la irregularidad fue 24,6% en diciembre 2025 (BCRA)— permitirá diseñar respuestas más proporcionales al riesgo.
Los números no son sólo estadísticas; son señales de que la demanda sigue débil y que la estructura del crédito privilegia a los grandes. Para evitar una espiral de cierre de empresas y pérdida de empleo, se necesita una combinación de apoyo temporal a la liquidez, reglas claras para la reestructuración y disciplina fiscal. Sin eso, la subida sostenida de la mora puede terminar alimentando más incertidumbre y mayores costos para todos.
