La informalidad alcanza al 84,8% en el primer quintil de ingresos: ocho de cada diez trabajadores de menores salarios están en empleos precarios, según un estudio de la UBA que toma la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En el conjunto de ocupados la informalidad afecta al 43% y muestra un aumento interanual de aproximadamente un punto porcentual, de acuerdo a los investigadores. Estos números no son detalles técnicos: explican por qué millones trabajan y, aun así, no salen de la pobreza.

¿Cómo impacta esto en el mercado laboral argentino?

La precariedad no es homogénea: entre los asalariados la tasa de informalidad fue del 36,3%, entre trabajadores por cuenta propia del 63,4% y entre los patrones del 28,7%, según la UBA (EPH/INDEC). Las diferencias generan circuitos laborales divididos: sectores como el servicio doméstico registran 79,8% de informalidad y la construcción 72,6% (UBA/INDEC). Además, la informalidad golpea con más fuerza a los jóvenes —67,4%— y a quienes no completaron la secundaria —67,5%—, lo que limita la movilidad social. En términos de género la brecha es significativa aunque estrecha: 42,5% para hombres y 44,4% para mujeres (UBA/INDEC). Estos patrones explican por qué la demanda agregada se debilita: salarios formales y protección social sostienen consumo; la precariedad no.

¿Quién pierde y quién gana con la precarización?

La evidencia compilada por Futuros Mejores muestra que la mayoría de las personas en edad de trabajar que viven en pobreza no están desempleadas: solo 7,9% está sin trabajo, mientras que el 59% está ocupado en construcción, comercio e industria y el 18% cumple tareas de cuidado no remuneradas (Futuros Mejores). Es decir, la pobreza social se parece mucho a la pobreza laboral. La narrativa de la pereza queda refutada por datos que muestran más horas trabajadas en hogares pobres —41,8 horas frente a 40,2— y altos porcentajes de empleo en relación de dependencia (78% sobre la línea de pobreza), según el informe citado. Quienes pierden son los trabajadores y trabajadoras con empleos informales; quienes ganan son los empleadores que externalizan costos laborales y fiscales. Políticas que toleren esa estructura reproducen desigualdad.

¿Qué políticas necesitamos para formalizar y proteger empleos?

La respuesta no es solo fiscal: formalizar exige incentivos productivos y medidas progresivas. Apoyamos la consolidación fiscal, pero no si se financia con recortes previsionales ni salariales; la evidencia indica que licuar ingresos solo profundiza la caída de la demanda. Necesitamos transferencias condicionadas a formalización, programas de formación vinculados con puestos productivos y la remuneración del trabajo de cuidados, como proponen las y los autores del estudio. También es urgente recuperar iniciativas que conecten empleo y derechos: la eliminación reciente del programa Volver al Trabajo deja a más de 90% de quienes hacían tareas comunitarias sin apoyo, según los investigadores, y agrava la vulnerabilidad. En países con mayores niveles de desarrollo se combinan ingreso, empleo, formación y pago por cuidados; traer esas herramientas adaptadas al perfil productivo argentino debe ser prioridad.

La precarización es la llave de la pobreza contemporánea en Argentina: no se resuelve culpando a los pobres sino cambiando las reglas del mercado de trabajo. Por eso exigimos que cualquier ajuste fiscal respete pensiones y salarios, y que se oriente a fortalecer empleo formal, proteger la industria y promover capacitación y cuidados remunerados. Sin ese giro, la formalidad seguirá siendo un privilegio y la recuperación, una ilusión para pocos.