El IPC de febrero registró una suba oficial del 2,9% según el INDEC; con la canasta actualizada habría sido 3,1% y la diferencia acumulada desde diciembre de 2023 llega a 43,9 puntos porcentuales, según cálculos del CEPA.

¿Qué cambió en la medición y cuánto importa?

La discusión técnica que se volvió política tiene efectos concretos: LCG señaló que, incorporando los ponderadores de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación de febrero habría sido 3,1% en vez de 2,9% (LCG). El propio entorno del ministro Caputo reconoció que el número hubiera sido más alto, y Felipe Núñez del BICE estimó entre 3 y 3,1% en redes. Más allá de décimas, el punto central es la estructura de la canasta: mayor peso de servicios que están subiendo más rápido. Si se aplica esa actualización, el acumulado entre diciembre 2023 y febrero 2026 pasa de 280,5% a 324,5% (CEPA), lo que altera la evaluación de la pérdida de poder adquisitivo y la credibilidad de la narrativa de desinflación.

¿Cómo impacta esto en el poder adquisitivo y en el empleo?

Los números no son neutros para los salarios: según CEPA, los salarios registrados cayeron 7,1% en términos reales en diciembre 2025 respecto a noviembre 2023, pero al ajustar con la canasta de la ENGHo 2017/18 la pérdida asciende a 16,5% entre noviembre 2023 y diciembre 2025. Además, el acumulado de los dos primeros meses de 2026 fue 5,9%, una porción significativa de la meta presupuestaria anual del Gobierno de 10,1% para 2026. Esa dinámica erosiona la demanda interna y presiona al empleo: cuando los salarios pierden frente a precios, la actividad consumista se retrae y las empresas ven caer ventas, lo que a su vez amenaza puestos de trabajo. Desde nuestra perspectiva, defender el salario real y proteger el empleo debe ser prioridad para evitar una espiral de desempleo y precarización.

¿Qué dicen las causas detrás de la desaceleración aparente?

Vemos que la desaceleración que celebra el gobierno está lejos de ser uniforme. Parte de la explicación técnica viene del cambio en ponderadores, pero también hay factores de política: pérdida de potencia del ancla cambiaria y la acumulación de correcciones tarifarias postergadas elevan la presión inflacionaria, como señaló Haroldo Montagú. El Gobierno aspira a converger por debajo de 1% mensual para mitad de año; esa aspiración choca con la realidad de febrero y con el hecho de que el ritmo de dos meses (5,9%) ya consumió más de la mitad de la meta anual. En este contexto, apostar solo a la apreciación cambiaria como amortiguador es insuficiente, porque deja expuestos a salarios y jubilaciones a correcciones que no se compensan adecuadamente.

Qué políticas proponemos ahora

Reclamamos una estrategia que combine anclas creíbles con protección social: primero, transparencia y actualización del IPC con los nuevos ponderadores para recuperar confianza (según INDEC y CEPA). Segundo, recomposición salarial integrada al básico con salvaguardas para el empleo; no aceptamos financiar mejoras con recortes previsionales, tal como hemos sostenido previamente. Tercero, moderación en las correcciones tarifarias acompañadas de subsidios focalizados a hogares vulnerables y diálogo con sectores productivos para evitar traslados de costos que destruyan puestos. Por último, gestionar el tipo de cambio con administración prudente y preservar la demanda agregada: el salario no es solo un costo, es motor de consumo y empleo. Sin estas medidas, la diferencia entre mediciones seguirá traducirse en mayor pérdida real para la mayoría y en menor legitimidad de las políticas económicas.