La guerra comercial silenciosa entre potencias es, en la práctica, un loteo del mercado argentino: desde el 1° de mayo se aplicará provisionalmente el pilar comercial del acuerdo Mercosur‑Unión Europea que reduce aranceles para más del 90% de los bienes y, al mismo tiempo, las importaciones totales llegaron a USD 70.235 millones en 2025, un salto de 26,8% interanual, según PERFIL. Ese dato resume el riesgo: apertura rápida sin compensaciones productivas, mientras las grandes potencias juegan sus fichas en recursos y cadenas estratégicas.

¿Quién gana y quién pierde?

Vemos una distribución de ganancias muy asimétrica. Por un lado, las potencias occidentales aseguran acceso a recursos estratégicos y bienes de capital: según la nota, proyectos canalizados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentran USD 6.878 millones en GNL, USD 2.941 millones en litio y USD 2.672 millones en cobre. Por otro lado, la industria liviana y el mercado interno sufren la presión de proveedores asiáticos: la consultora Biglobal documentó un aumento del 291,8% interanual en bienes despachados por servicios postales, impulsado por plataformas como Shein y Temu, con impacto concentrado en textil e indumentaria, según Biglobal.

Este reparto no es neutro para el empleo. Los proyectos extractivos pueden generar inversión, pero la cantidad y calidad de puestos difieren: la industria manufacturera mostró una retracción en su participación del PBI en 2025 frente a la oferta extranjera, según PERFIL. Si la política solo facilita entrada de capitales sin políticas de encadenamiento productivo, el saldo será pérdida de empleos industriales y mayor concentración de renta.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El efecto inmediato es una mayor disponibilidad de bienes a bajo precio y una presión sobre productores locales. Las importaciones chinas por USD 16.432 millones en 2025 y un déficit bilateral de USD 7.413 millones, según PERFIL, ilustran que la competencia no es solo por calidad sino por escala y precios. Para los consumidores esto puede bajar temporalmente el costo de algunos bienes; para las fábricas locales supone pérdida de volumen, cierre de empresas y precarización laboral si no hay contramedidas.

Además, la apertura asimétrica acordada con Estados Unidos —que obtuvo cupos específicos para 10.000 vehículos comerciales livianos y contingentes de productos agrícolas— genera choques sectoriales concretos, según la nota. Sin medidas compensatorias (créditos, compras públicas, protección temporal selectiva, estímulos a exportación con contenido local) ese shock se traducirá en recortes salariales encubiertos y desempleo, porque el mercado interno se achica cuando la producción local se desarticula.

¿Qué política requiere Argentina?

No se trata de cerrar la economía, sino de gestionar la inserción. Apoyamos una consolidación fiscal responsable que no se financie con recortes previsionales ni salariales; pero eso no es suficiente. Hace falta una política industrial activa: financiar bienes de capital para modernizar pymes, condicionar incentivos a encadenamientos locales, y usar compras públicas como palanca de demanda. También es imprescindible regular flujos de inversión en sectores estratégicos con cláusulas de transferencia tecnológica y empleo local, como hacen otros países cuando negocian acceso a recursos críticos.

En lo inmediato, exigimos medidas progresivas y productivas: líneas de crédito a tasa real baja para empresas que reindustrializan, programas de reconversión laboral para trabajadores desplazados, y un sistema de aranceles temporales y salvaguardias focalizadas para evitar desarme industrial precipitado. Sin estas políticas, la aparente ganancia de apertura —importaciones baratas, inversión extractiva— terminará licuando la base productiva y reduciendo empleo de calidad. Ese resultado no es una inevitabilidad: depende de las decisiones de política pública que vamos a exigir.