El IPC de marzo fue 3,4% mensual, y la inflación acumulada en 12 meses ya es 32,6% (INDEC); ese dato vuelve a polarizar el debate entre quienes culpan a la ‘maquinita’ y quienes señalan la caída de la demanda de pesos por el ‘riesgo kuka’. Este primer párrafo resume la discusión: los números monetarios son heterogéneos y ambos factores —emisión y dolarización de activos— parecen haber jugado algún rol.
¿Fue la ‘maquinita’ o el ‘riesgo kuka’?
Los agregados monetarios muestran dos caras: el M2 transaccional privado subió 20,4% interanual y se contrajo 0,5% en marzo según el último reporte del BCRA, pero el M3 —que incluye plazos fijos— aumentó 32,1% interanual (BCRA), casi igualando la inflación interanual de 32,6% (INDEC). Esa cercanía empuja la lectura de que la liquidez total creció al ritmo de los precios, mientras que la liquidez destinada a transacciones se comprimió por la dolarización; ambos hechos son coherentes con la narrativa del gobierno y con la de sus críticos. Además, la compra de reservas reportada (u$s5.500 millones acumulados en el año, según coberturas periodísticas) tuvo como contrapartida una inyección de pesos de alrededor de $8 billones en el mercado (iProfesional), y el giro de utilidades del BCRA al Tesoro por $11,7 billones —equivalente a aproximadamente u$s10.000 millones en aquel momento— alimentó sospechas sobre uso indirecto de la base monetaria. En suma, no es que haya una sola evidencia concluyente: hay señales de ambas presiones.
¿Cómo impacta esto en el empleo y la distribución?
Cuando la discusión se reduce a mecánicas monetarias se pierde de vista que la inflación y la política para controlarla repercuten en empleo y distribución; el salario real es demanda, no solo costo. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que en marzo las cuentas centrales en base devengado volvieron al déficit primario, lo que complica el espacio fiscal para sostener políticas contracíclicas (Oficina de Presupuesto del Congreso). Al mismo tiempo, hay ocho meses consecutivos de caída interanual real en la recaudación de ARCA, lo que obliga al Tesoro a depender más de medidas temporales para equilibrar las cuentas (iProfesional). Esa combinación —presión sobre ingresos fiscales más aceleración de precios— aumenta el riesgo de que la corrección venga vía recortes que afectan consumo, empleo o jubilaciones. Desde nuestra perspectiva, la prioridad debe ser proteger el empleo y el poder adquisitivo de los más vulnerables mediante alivios focalizados y temporales, porque ajustar salarios o jubilaciones para reducir la emisión sería una transferencia regresiva que deprime la demanda interna.
Qué debería hacer el gobierno ahora
Las decisiones pendientes son de transparencia y de coordinación fiscal-monetaria: exigir mayor claridad sobre el uso de las utilidades giradas y la composición de la base amplia, publicar escenarios fiscales reales y limitar la dependencia del Tesoro de colocaciones que reaparezcan como emisión. Además, es necesario que la acumulación de reservas no se haga a costa de una expansión monetaria neta no absorbida por el mercado; si las compras de dólares dejasen pesos sin un instrumento de absorción efectivo, ahí sí habría una contribución válida de ‘maquinita’ a la inflación. En lo inmediato, apoyamos medidas fiscales focalizadas y temporales para pymes y hogares vulnerables que protejan empleo y consumo, con transparencia y sin financiarse mediante recortes a jubilaciones o salarios; al mismo tiempo, recomendamos controles prudentes sobre flujos financieros cortoplacistas para reducir la volatilidad del ‘riesgo kuka’ y buscar anclar expectativas sin sacrificar el mercado interno. La política correcta no es escoger entre emisión o restricción absoluta: es coordinar instrumentos para bajar la inflación sin que la corrección se traduzca en pérdida masiva de puestos de trabajo ni en transferencia de ingresos desde los sectores dependientes al capital financiero.
