La escalada militar en Medio Oriente puede convertirse en un vector de tensiones para la economía argentina: el barril de petróleo aumentó u$s29,58 (+40,8%) y opera por encima de u$s100, según Ámbito, y ese salto ya se traslada a los precios domésticos. Observamos un doble efecto simultáneo: más dólares para algunos sectores exportadores y mayores costos para la mayoría de las cadenas productivas y los hogares. Este choque externo pone en evidencia la fragilidad de la estructura productiva y fiscal, y obliga a decisiones de política que deberán equilibrar ingresos en divisas con el impacto sobre la inflación y el poder adquisitivo.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El canal más inmediato es el energético. Según Ámbito, los combustibles subieron entre 6% y 7% en los surtidores y YPF aplicó ajustes iniciales de alrededor de 4%. Eso se traduce en un aumento directo de costos logísticos porque cerca del 90% del transporte de cargas se hace por camión, de acuerdo a la misma fuente. A nivel global, la directora gerente del FMI señaló que un aumento sostenido del 10% en el precio del petróleo puede agregar alrededor de 0,4 puntos porcentuales a la inflación y restar entre 0,1 y 0,2 p.p al crecimiento. En Argentina ese pase de costos se siente rápido en alimentos, tarifas vinculadas a combustibles y en insumos petroquímicos, lo que alimenta la inflación importada y presiona el poder de compra.

¿Quién gana y quién pierde?

Hay ganadores claros: minería, energía y complejos agrícolas pueden ver un ingreso en dólares mayor si los precios internacionales se mantienen, como indica el informe. Argentina se volvió exportador neto de energía gracias a Vaca Muerta, pero aún importa GNL para picos invernales, lo que limita la ganancia neta y complica la balanza energética en episodios de precios altos. En el otro extremo están los hogares y sectores intensivos en logística y químicos: los aumentos en gasoil, jet fuel y fertilizantes trasladan costos a precios finales. Los datos sociales son elocuentes; según INDEC los salarios registrados cayeron más de 2% real en 2025, y el total de registrados perdió 7,1% real entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, con el sector público sufriendo una caída de 17,03% y el privado 1,55%. Ese deterioro limita el margen para absorber nuevos golpes de precios.

¿Qué debe hacer el gobierno y el BCRA?

La respuesta de política pública debe ser técnica y transparente. El desafío fiscal es real: si el Estado quiso amortiguar el traslado del shock a tarifas, el costo fiscal aumenta; si deja que se traslade, golpea al consumo y a los ingresos reales. En ese marco existen dos prioridades claras. Primero, proteger a los más vulnerables con políticas focalizadas en lugar de subsidies universales que aumentan déficit y distorsionan precios relativos. Segundo, aprovechar cualquier viento de cola en dólares para fortalecer reservas siempre que las compras sean transparentes y no constituyan financiamiento encubierto del Tesoro. En consonancia con nuestra postura editorial, respaldamos la acumulación de reservas del BCRA solo si es transparente y no constituye financiamiento encubierto del Tesoro. Además, evitar controles cambiarios adicionales y preservar la independencia del BCRA será clave para no agravar la brecha y no espantar capitales.

En síntesis, el conflicto internacional ofrece una ventana de oportunidad para algunos exportadores argentinos, pero el balance neto puede ser negativo si el aumento de precios energéticos se traslada a inflación y fiscalidad sin anclas creíbles. Administrar esa ecuación exige reglas claras, transparencia sobre las compras de reservas y políticas focalizadas para sostener el poder adquisitivo de los hogares más afectados.