La discusión central es clara: Julio Gambina afirmó que el supuesto superávit financiero oficial desaparecería y se transformararía en un déficit del 1,5% del PBI si se contaran los intereses de deuda según la metodología del FMI (entrevista en Canal E, 18/5/2026). Al mismo tiempo, el INDEC informó una inflación de abril de 2,6% mensual, dato que el Gobierno utiliza para mostrar una desaceleración. Estas dos cifras —2,6% mensual de inflación (INDEC) y 1,5% del PBI como déficit según Gambina (Canal E, 18/5/2026)— marcan el telón de fondo del debate sobre qué tanto es contabilidad y qué tanto es ajuste real sobre los hogares.

¿Qué dice Gambina y por qué importa?

Gambina denuncia “contabilidad creativa” para explicar por qué las cifras oficiales muestran un superávit. Según su lectura, si se contabilizan los intereses de la deuda con los criterios del Fondo Monetario Internacional, el resultado sería un déficit financiero del 1,5% del PBI (Canal E, 18/5/2026). Esa diferencia no es un tecnicismo: define si el Gobierno puede presumir balanceo fiscal sin tocar partidas sensibles. Además, el economista advierte que la estrategia oficial combina esa presentación con el discurso de contención inflacionaria —la inflación de abril fue 2,6% mensual según INDEC— para consolidar respaldo político de cara a 2027. Si la suma de ajustes tarifarios y recortes encubre un déficit real, la sostenibilidad del programa fiscal queda en duda y la transparencia en las cuentas públicas baja.

¿Cómo impacta esto en el bolsillo y el empleo?

Gambina destaca que los mayores aumentos recientes se concentraron en servicios: transporte, educación y comunicaciones, que pesan fuerte en los presupuestos de los hogares más vulnerables (entrevista Canal E, 18/5/2026). Un 2,6% de inflación mensual sigue licuando ingresos cuando salarios y jubilaciones no le siguen el ritmo, y la caída de la recaudación que menciona el economista puede derivar en recortes sobre salud y educación. En términos de empleo, la advertencia es doble: puede haber crecimiento agregado por inversiones en minería o energía, pero esos sectores generan relativamente pocos puestos de trabajo frente a industria, construcción y comercio, que siguen perdiendo empleo según Gambina. El resultado: un crecimiento que no se traduce en mejora distributiva ni en recuperación del salario real.

Qué alternativa proponemos para no ajustar jubilaciones ni salarios

Desde nuestra perspectiva, la prioridad es proteger empleo y consumo sin financiar la estabilización con recortes a jubilaciones o salarios. Proponemos, como ya hemos planteado, reempadronamiento de la SUBE para focalizar subsidios que hoy benefician de manera dispersa y usar de forma dirigida instrumentos públicos, por ejemplo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), para garantizar crédito productivo y sostener empleo en sectores intensivos en mano de obra. No se trata de negar ajustes: se trata de redistribuir esfuerzos. Si Gambina tiene razón y el superávit es en parte contable, la respuesta no puede ser trasladar la cuenta a los más vulnerables; debe ser una combinación de mayor transparencia en las cuentas (reconciliación con criterios internacionales), segmentación de subsidios y financiamiento público dirigido a inversión que genere empleo de calidad.

La política económica se prueba en dos preguntas: si los números son auténticos y quién paga el ajuste. A la luz de la denuncia pública de Gambina (Canal E, 18/5/2026) y del dato concreto de 2,6% de inflación mensual (INDEC, abril 2026), creemos que es urgente exigir claridad contable y abrir un debate público sobre alternativas que no pasen por licuar jubilaciones ni sueldos, sino por focalizar subsidios y potenciar crédito para producción y empleo.