Los FAL son un mecanismo para que las empresas constituyan reservas destinadas a cubrir despidos y, según Ámbito, podrían acumular en conjunto unos u$s3.000 millones; al mismo tiempo el Ministerio de Economía espera usar parte de esos recursos para ayudar a pagar vencimientos por u$s9.000 millones identificados para 2026 y 2027 (según Ámbito). Vemos una doble función que necesita regulación firme: protección real a trabajadores frente al desempleo y, a la vez, impedir que esos recursos se transformen en un flujo para financiar deuda externa.

¿Qué son los FAL y cómo funcionarían?

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) son cuentas que cada empleador deberá abrir en entidades autorizadas por la CNV y nutrir con aportes mensuales hasta cubrir el riesgo de despido de su planta, según la reglamentación en discusión (según Ámbito). La ley fija aportes de 2,5% sobre la masa salarial para pymes y 0,5% para grandes empresas, y declara los fondos inembargables; las administradoras podrán invertir esos recursos en el mercado de capitales. La CNV ha reunido a 70 Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) para avanzar en la operatoria, y el presidente del organismo destacó el potencial de sumar inversores de largo plazo al mercado local (según Ámbito). Es clave entender que se trata de recursos que se constituyen con cargo a la relación laboral y que, por su diseño, pueden migrar a instrumentos financieros si no hay límites claros.

¿Cómo impacta esto en el empleo y la negociación colectiva?

En lo inmediato la promesa es reducir la litigiosidad: el año pasado hubo del orden de 130.000 juicios por despidos y cuestiones formales, una de las motivaciones detrás de buscar mecanismos alternativos (según Ámbito). Sin embargo, reducir el costo económico del despido también cambia incentivos empresariales; en un contexto donde el desempleo pasó de 6,4% a 7,5% entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025 (según Ámbito) y la cantidad de empleadores se redujo en más de 23.000 desde la asunción del actual gobierno (según Ámbito), la menor fricción para separar personal puede acelerar pérdida de puestos si no va acompañada de políticas activas de empleo. Observamos que la combinación de FAL y reforma laboral apunta a previsibilidad para el empleador, pero deja sin respuesta la protección del salario, la reinserción laboral y la capacidad negociadora de los trabajadores.

¿Quién gana y quién pierde con estos fondos?

Los ganadores más claros son los administradores de fondos y los intermediarios financieros si se permite que los FAL inviertan libremente en instrumentos que rindan en dólares o generen liquidez para el Tesoro. El Gobierno, por su parte, busca un vehículo doméstico para reducir su exposición a mercados externos (en contraste, en Brasil el 90% de la deuda es local, recuerda Ámbito). Los potenciales perdedores son las y los trabajadores: su protección por despido queda parcialmente financiada por aportes que pueden terminar canalizándose a pagar vencimientos soberanos. Eso implica una transferencia de riesgo desde acreedores hacia el empleo. La distribución de costos y beneficios debe analizarse con cifras: la expectativa de u$s3.000 millones en FAL frente a vencimientos por u$s9.000 millones expone la magnitud del artilugio financiero propuesto (según Ámbito).

Qué condiciones mínimas exigimos para que no sea un rescate a los acreedores a costa del trabajo

Primero, los FAL no deben ser un instrumento para que el Tesoro use ahorros laborales como colchón de dólares sin consentimiento y sin contrapartidas claras. Exigimos límites a la inversión en activos que puedan fugarse al exterior, topes a las comisiones de las administradoras, y transparencia pública sobre flujos y tenencias (condiciones de gobernanza). Segundo, los rendimientos de los FAL deben priorizar la recomposición de ingresos y programas de recolocación, capacitación y preservación del empleo antes que el servicio de deuda. Tercero, cualquier utilización parcial de esos recursos para la gestión de vencimientos tiene que pasar por control parlamentario y cláusulas que protejan a jubilados y asalariados. Apoyamos la consolidación fiscal que no se financie con recortes previsionales ni salariales y exigimos medidas productivas y progresivas para proteger empleo e industria.