En febrero de 2026 los empleados de comercio cobran, además de su salario básico por categoría, dos sumas no remunerativas que suman $100.000 mensuales en total (iProfesional, 20/02/2026). Estas sumas se pagan como $60.000 y $40.000 discriminados en el recibo; el primer tramo rige desde diciembre de 2025 y el segundo fue prorrogado como no remunerativo hasta marzo, con incorporación al básico prevista para abril (iProfesional, 20/02/2026).

Lo que entra en el bolsillo

Tomando ejemplos del convenio, un Administrativo A tiene un salario básico de $1.167.268; con los $100.000 no remunerativos el ingreso bruto mensual sube a $1.267.268 antes de descuentos (iProfesional, 20/02/2026). En términos relativos, esos $100.000 representan aproximadamente un 8,6% adicional sobre ese básico (100.000 / 1.167.268 = 8,6% sobre el básico). Otro ejemplo: Maestranza C registra un básico de $1.169.560 y, con las sumas, llega a $1.269.560 en bruto en febrero (iProfesional, 20/02/2026). Estas cifras muestran que el refuerzo es relevante para la caja mensual de los trabajadores y tiene incidencia directa en la demanda doméstica.

Temporalidad: de no remunerativo a remunerativo

El esquema es transitorio: comenzó con $60.000 en diciembre de 2025 y se amplió con $40.000 hasta marzo, sumando $100.000 en febrero (iProfesional, 20/02/2026). A partir de abril, esos importes deben incorporarse al salario básico, lo que modifica la composición del haber y la base de cálculo para adicionales y antigüedad. El convenio establece además que la antigüedad asciende al 1% del salario por cada año de servicio y se calcula sobre los montos que integren el haber mensual (iProfesional, 20/02/2026).

Quién gana y quién pierde en este mecanismo

Mientras las sumas sean no remunerativas, los trabajadores ganan liquidez inmediata pero la cobertura sobre seguridad social y aportes es menor: los aportes y contribuciones se calculan sobre el componente remunerativo, por lo que el Estado y el sistema previsional dejan de percibir la totalidad de esos flujos temporales. Cuando en abril se integren al básico, los salarios aumentan en términos formales —lo que mejora jubilaciones futuras y la base para futuros paritarias— pero también elevan los costos laborales para empleadores.

Ese desplazamiento tiene un dilema distributivo: en el corto plazo las familias obtienen mayor ingreso disponible; en el mediano el traspaso a remunerativo mejora la protección social pero aumenta cargas que, si no se acompasan con medidas de alivio, pueden presionar a las pequeñas y medianas empresas del comercio. Dado que el comercio es un sector intensivo en empleo registrado, cualquier recomposición de costos salariales necesita instrumentos que protejan la continuidad del empleo y la formalidad.

Riesgos sobre el empleo y propuestas para mitigarlos

Vemos tres riesgos concretos: 1) que las pymes del comercio enfrenten un salto de cargas en abril sin liquidez para afrontarlo; 2) que algunos empleadores opten por formas de precarización para contener costos; 3) que la normalización no vaya acompañada por mayor recaudación social efectiva si la economía no recupera demanda. Para evitarlo, la incorporación al básico debería ir acompañada de medidas activas: créditos blandos focalizados en pymes comerciales, reducción temporal de contribuciones patronales condicionada a mantener empleo registrado y programas de capacitación para aumentar productividad local.

Nos mantenemos en la postura de que consolidar salarios es necesario para sostener la demanda agregada y el empleo. La transición de sumas no remunerativas a remunerativas es una oportunidad para reforzar protección social y formalidad, pero exige políticas públicas que contengan a las empresas y eviten que el ajuste recaiga sobre el trabajo.

Conclusión: más salario, mejor estructurado

El refuerzo de febrero mejora el ingreso mensual de los empleados de comercio (100.000 en sumas no remunerativas), pero su carácter transitorio impone una lectura dual: alivio inmediato vs. costos futuros. La incorporación en abril debe diseñarse para que la ganancia salarial no se transforme en pérdida de empleo. Defender consolidar salarios y proteger el poder adquisitivo implica acompañar la incorporación al básico con políticas que sostengan la producción, la formalización y la capacidad de pago de las empresas del sector.