El Congreso aprobó media sanción para crear el Fondo de Asistencia Laboral, que obligará a las grandes empresas a aportar 1% de su masa salarial y a las pymes 2,5%, con posibilidad de un aumento de 0,5 puntos por decisión del Ejecutivo (iProfesional, 13/2/2026). Las estimaciones preliminares señalan que el FAL podría acumular alrededor de u$s3.000 millones por año, un volumen relevante para el mercado local (iProfesional, 13/2/2026).

Por qué alarma al mercado

Vemos que la alarma no es ideológica sino funcional: economistas de distintas corrientes temen que el FAL termine comprando títulos del Tesoro y financiando al Estado de facto (iProfesional, 13/2/2026). La sospecha toma fuerza si se considera que el Tesoro acaba de renovar $7,3 billones y absorber otros $1,72 billones en una licitación reciente, un rollover 23% superior al monto que vencía (iProfesional, 13/2/2026).

Mecanismo y consecuencias sobre reservas y tipo de cambio

El mecanismo es sencillo y conocido. Si el FAL invierte en deuda local, entrega pesos al Tesoro a cambio de bonos; el Tesoro puede usar esos pesos para comprar dólares al BCRA, lo que implica un drenaje de reservas y presión sobre el tipo de cambio. Además, una gran demanda institucional por bonos del Tesoro puede reducir la profundidad del mercado para el sector privado y empujar al alza las tasas locales.

Lo que dicen los números del mercado doméstico

Los analistas recuerdan que financiarse en el exterior hoy sale caro: la suma del SOFR, alrededor de 3,57%, más la prima por riesgo argentino llevó la tasa implícita de emisiones recientes a cerca de 9% en dólares (iProfesional, 13/2/2026). En ese contexto, un actor institucional local que canalice pesos hacia el Tesoro hace atractiva la opción para el Ejecutivo, aun cuando sea riesgosa para la sostenibilidad fiscal y cambiaria.

Fiscalidad y pérdida de aportes previsionales

El artículo remarca además que los aportes al FAL se compensarán con exenciones en el régimen previsional, lo que implica una merma en el financiamiento de la Anses y un costo fiscal estimado en 0,8% del PBI (iProfesional, 13/2/2026). A su vez, la Oficina de Presupuesto del Congreso registró intereses acumulados de LECAP por $269.999 millones a diciembre, y vencimientos en pesos para el año que suman $190 billones, equivalentes a u$s136.000 millones al tipo de cambio actual, cifras que muestran la magnitud del calendario local (Oficina de Presupuesto del Congreso; iProfesional, 13/2/2026).

La historia no es un fantasma: es un manual de lecciones

No es exagerado que el mercado sospeche: hay precedentes concretos. Desde el Plan Bonex de 1990 hasta las obligaciones forzadas a las AFJP en 2001 y la reestatización de 2008, el traspaso compulsivo de activos privados al sector público tiene memoria y costos de largo plazo (iProfesional, 13/2/2026). Esas experiencias explican por qué incluso voces liberales y kirchneristas coinciden en la inquietud.

Qué blindajes serían necesarios

Vemos tres condiciones mínimas para evitar el riesgo de financiación encubierta: primero, reglas legales que limiten la exposición máxima del FAL a deuda pública; segundo, gestión independiente con fiduciarios privados sin conflictos de interés; y tercero, transparencia sobre si los aportes constituyen cuentas individuales o patrimonios colectivos. Hay propuestas circulando en ese sentido, pero todavía faltan definiciones en el texto final (iProfesional, 13/2/2026).

Conclusión

El FAL puede ser un instrumento legítimo para institucionalizar previsión por indemnizaciones, pero sin límites operativos y legales corre el riesgo de transformarse en una fuente de financiamiento del Tesoro que aumente la presión sobre reservas, ensanche la brecha y encarezca el crédito doméstico. La lección de las décadas pasadas es clara: la profundidad de mercado no se logra obligando a los inversores a comprar deuda pública, sino generando credibilidad fiscal y cambiaria que atraiga ahorro voluntario y diversificado.