La mayoría de las consultoras y bancos privados creen que será difícil que el IPC mensual baje por debajo de 1% en julio o agosto. Según cálculos privados citados por iProfesional, la inflación de febrero habría sido similar a la de enero (2,9% mensual), y el dato oficial será publicado por el INDEC. El consenso de mercado, medido por el REM del Banco Central, espera 2,5% para marzo y 2,2% para abril en la mediana, pero no proyecta una perforación del 1% mensual en el corto plazo.

¿Qué dicen los números y qué garantías tenemos?

Los números disponibles muestran una desinflación gradual, no una caída abrupta. El REM del BCRA —cuya mediana refleja la opinión de las principales consultoras y bancos— ubica marzo en 2,5% mensual y abril en 2,2% (REM, BCRA). Analytica, por boca de Claudio Caprarulo, mantiene un sendero decreciente pero estima que una inflación por debajo del 1% mensual podría darse recién hacia finales del próximo año en su escenario optimista. Estos cálculos contrastan con la proyección oficial de una inflación ‘que empiece por cero’ entre julio y agosto. Además, la inercia importa: cuando la inflación mensual se ubica en 2% o más durante varios meses, las expectativas y los contratos se ajustan hacia arriba, elevando los costos de romper la dinámica inflacionaria.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Una desinflación más lenta erosiona el poder adquisitivo y condiciona la demanda interna. Si la inflación mensual se mantuviera en torno a 2% varios meses, hablamos de una tasa anualizada elevada que complica la recuperación real de salarios. Además, ajustes tarifarios y aumentos en alimentos o combustibles trasladan presión hacia los ingresos de los hogares más vulnerables. El peso de los combustibles en el índice no es marginal: Camilo Tiscornia estima que el componente de combustibles pesa alrededor de 5% en el IPC. Esa exposición se combina con la decisión empresarial de preservar márgenes en un contexto incierto, lo que alimenta la llamada ‘inercia’ de precios. En clave laboral, una desinflación que no protege salarios reales puede traducirse en menor demanda y en riesgo de pérdida de empleo, exactamente lo que debemos evitar.

Efecto de los combustibles y las tarifas: un riesgo externo que se cuela adentro

El choque internacional por el conflicto en Medio Oriente elevó la volatilidad del crudo: en pocos días la cotización pasó de alrededor de 70 USD a 90 USD por barril, con picos cercanos a 120 USD según la cobertura citada. Esa suba no siempre se traslada 1 a 1, pero sí tiene efecto en los precios mayoristas y en la logística de la cadena alimentaria. Además, los recientes ajustes de tarifas en servicios públicos —mencionados en los reportes— siguen aportando presión sobre el IPC. Analistas como Alejandro Giacoia y Javier Okseniuk coinciden en que, aun sin el choque petrolero, romper la inercia requiere más que tiempo: requiere señales de anclaje de expectativas y medidas que permitan compartir la carga entre empresas, Estado y salarios, sin volatilizar la demanda interna.

Qué debe hacer la política pública: prioridades claras

Vemos tres prioridades: 1) Proteger ingresos y empleo; 2) Romper la inercia de precios con anclas creíbles y medidas estructurales; 3) Manejar el impacto externo sin recortar protección social. Apoyamos financiamiento productivo condicionado a salvaguardas para el empleo y a una recomposición salarial integrada al básico, y reiteramos que no puede financiarse con recortes previsionales. Para desinflar sin destruir demanda hay que combinar disciplina fiscal creíble con políticas que sostengan el salario real —negociación colectiva que recomonga lo básico— y medidas regulatorias sobre tarifas para evitar pasajes abruptos a los hogares. Asimismo, ante choques externos como el del petróleo, conviene coordinar subsidios focalizados temporales y control del traslado inmediato a las cadenas productivas. Sin estas salvaguardas, la desaceleración puede ser más lenta y dolorosa para los trabajadores y para el empleo.