El Gobierno está evaluando utilizar parte de los US$70.000 millones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar créditos hipotecarios, obra pública y a PYMEs, según iProfesional (5/5/2026). Esta propuesta busca destrabar crédito y reactivar empleo, pero choca con cambios legales recientes y plantea preguntas sobre gobernanza y riesgo previsional.
¿Qué propone el Gobierno y qué permite la ley?
La propuesta que circula —citada por economistas como Martín Redrado y Miguel Kiguel en iProfesional— abarca desde la compra de carteras hipotecarias hasta el financiamiento de proyectos productivos a través de entidades como BICE o Banco Nación. El Art.74 de la Ley 24.241 fija límites: ninguna inversión puede superar el 5% del activo de un mismo emisor y el total invertido en el exterior no puede superar el 10% del FGS; además el 75% debe invertirse en Argentina (según iProfesional, marzo 2026). Sin embargo, el DNU 1039/2024 derogó incisos que habilitaban préstamos directos y la operatoria cambió tras los DNU 70/2023 y otras medidas. También hay control externo: la SIGEN audita desde agosto 2024, lo que debe combinarse con mayor transparencia si se decide movilizar activos.
¿Cómo impacta esto en empleo, crédito y consumo?
Los proponentes sostienen que destinar recursos a la construcción y a PYMEs puede generar empleo y derrama: Redrado puso el foco en la construcción como motor de empleo (iProfesional, 5/5/2026). Hoy la composición del FGS —según datos de marzo 2026— muestra 70% en títulos del Tesoro, 17% en acciones y el resto en plazos fijos; además, el fondo se duplicó de ~US$35.000 millones a ~US$70.000 millones entre 2024 y 2026 (iProfesional). En febrero el FGS aportó 414.300 millones de pesos al Tesoro, cifra 140% mayor interanual en términos reales según el mismo informe. Todo esto indica capacidad financiera, pero también exposición: pasar activos líquidos a préstamos de largo plazo cambia el perfil de riesgo y la protección del esquema previsional.
Riesgos, controles necesarios y nuestra postura
Vemos con simpatía la intención de impulsar crédito productivo, pero condicionamos el apoyo a salvaguardas claras. Primero, no debe servir para financiar gasto corriente ni para justificar recortes en jubilaciones o salarios: la ley lo prohíbe salvo venta de activos (iProfesional). Segundo, proponemos administra-ción operativa a través de bancos públicos especializados (BICE/BNA) con reglas públicas, límites temporales y reempadronamiento de beneficiarios para evitar fugas y mala focalización. Tercero, pedimos transparencia total: publicar carteras, estrés de liquidez y evaluación de impacto en reservas y en la capacidad de pago futura del SIPA. En resumen, apoyamos movilizar una porción para crédito hipotecario y productivo si se mantienen topes temporales, focalización, auditoría independiente y se protege el salario y la jubilación como prioridad social.
