El Gobierno creó el Registro Integrado de Beneficiarios (RIB), una base que centraliza la información de quienes reciben programas sociales para cruzar datos en tiempo real y detectar superposiciones, según informó Ámbito y el Ministerio de Capital Humano. La medida se presenta como una mejora operativa, pero llega en el marco de un ajuste fiscal comprometido con el FMI, lo que obliga a preguntar si la tecnología será usada para mejorar la política social o para recortar beneficiarios.

¿Qué es el RIB y qué datos incorpora?

El RIB amplía el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en 2024, y promete consolidar datos territoriales y trayectorias de los beneficiarios, según el Ministerio de Capital Humano citado por Ámbito. La resolución señala que el tratamiento de datos deberá ajustarse a la Ley 25.326, que regula la protección de datos personales, y que la plataforma incluirá herramientas de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información (según Ámbito). En principio, mayor calidad de datos puede reducir filtraciones y mejorar la asignación de recursos. Pero mejor información no es neutral: cambia los incentivos políticos y técnicos detrás del gasto social.

¿Significa esto recortes en la AUH y los jubilados?

El anuncio llega mientras ANSES confirmó el cronograma de abril 2026 con aumentos del 2,9% (según Ámbito), y en paralelo se discute por qué un grupo de jubilados dejará de cobrar un bono de $70.000 en abril (según Ámbito). El propio staff report del FMI del 1° de agosto de 2025 incluía la unificación de registros como meta para “mejorar la focalización” y sostener recortes de gasto donde haga falta (según Ámbito). Eso no implica mecánicamente una poda de beneficiarios: varios economistas citados por la nota, como Federico Zirulnik, sostienen que recortar la cantidad de AUH es difícil y que los ajustes observados se vincularon más a reducciones de prestaciones específicas. Con todo, la existencia de una herramienta que facilita segmentar abre la puerta a decisiones que redistribuyan costos hacia jubilados y hogares si esa es la prioridad fiscal.

Riesgos: privacidad, exclusión y concentración del ajuste

Centralizar datos sensibles plantea dos riesgos concretos. Primero, la privacidad: aunque la resolución menciona la Ley 25.326, la capacidad técnica y las garantías institucionales para evitar filtraciones o usos indebidos son determinantes. Segundo, la exclusión: los algoritmos y los criterios de cruce pueden dejar fuera a poblaciones con trayectorias laborales atípicas, trabajo informal o mayor carga de cuidados — impactos que suelen recaer más sobre mujeres, según la literatura sobre protección social. Finalmente, hay riesgo político: en un contexto de ajuste acordado con el FMI, la focalización puede transformarse en una manera de recortar el universo de beneficiarios en lugar de aumentar la progresividad del financiamiento.

Qué condiciones pedir antes de respaldar el RIB

Apoyamos la mejora en la administración de programas siempre que no sea excusa para ajustar jubilaciones o salarios. Para eso, el RIB debe implementarse con condiciones claras: 1) transparencia pública sobre algoritmos y criterios de cruce; 2) auditorías independientes y derecho a apelación para beneficiarios; 3) salvaguardas efectivas de la Ley 25.326 con sanciones por mal uso; y 4) que los ahorros se destinen a fortalecer la cobertura y a mecanismos redistributivos, no a recortes lineales. Además, la consolidación fiscal debe financiarse con medidas progresivas —como mejorar la recaudación, cerrar brechas de evasión y capturar renta extraordinaria— y no cargando el ajuste sobre los más vulnerables. Solo así el RIB puede ser una herramienta para mejorar la protección social, en lugar de un instrumento para reducirla.