El bono no remunerativo de $100.000 que se pagó en enero, febrero y marzo de 2026 dejará de figurar como ítem separado y será absorbido por el salario básico desde abril, según la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la cobertura en iProfesional. En la práctica, el monto nominal no desaparece: cambia su naturaleza técnica y, con ello, su incidencia sobre adicionales legales como antigüedad, presentismo, aguinaldo e indemnizaciones.

¿Me baja el salario cuando se termina el bono?

No necesariamente: lo que cambia es la composición del recibo. El bono de $100.000 se pagó como suma no remunerativa en enero-febrero-marzo de 2026 y, a partir de abril, será absorbido dentro del básico de cada categoría (FAECYS / iProfesional). En marzo, por ejemplo, las escalas básicas reportadas para el sector mercantil establecían valores de referencia como $1.155.795 para Maestranza categoría A y entre $1.167.268 y $1.218.519 para categorías administrativas y vendedores, sin contar presentismo ni antigüedad (iProfesional). Al pasar a remunerativo, ese importe comenzará a computar para la base de cálculo del presentismo, la antigüedad y los conceptos indemnizatorios. Es decir, el ingreso bruto aumentará en la planilla formal; pero el impacto sobre el bolsillo neto dependerá de cómo se distribuyan las cargas sociales y eventuales retenciones que antes no se aplicaban sobre el ítem no remunerativo.

¿Cómo impacta esto en el mercado de trabajo y el poder de compra?

Consolidar una suma fija en el básico es, en principio, una mejora de la protección laboral: transforma montos temporales en derechos que computan para jubilación y compensaciones por despido (FAECYS). Vemos que, además, esto actúa sobre la demanda agregada: mantener ingreso formal de trabajadores del comercio —el gremio más numeroso del país según la propia cobertura sobre FAECYS— ayuda a sostener consumo en un sector con fuerte encadenamiento local. Sin embargo, hay un riesgo real de que las empresas intenten compensar el mayor costo laboral trasladándolo a precios o reduciendo planteles. Por eso es clave monitorear las negociaciones sectoriales y las señales de empleo: si la integración se traduce en presión sobre las ganancias empresarias sin políticas de acompañamiento, la medida puede mejorar condiciones individuales pero dañar el empleo, lo que sería contraproducente para la demanda que buscamos sostener.

¿Qué deben negociar sindicatos y cámaras para que la integración no destruya empleo?

La prioridad debe ser evitar que la carga agregada derive en recortes de personal o en aumentos generalizados de precios. Recomendamos tres acuerdos concretos: primero, que la incorporación al básico vaya acompañada de un calendario claro y de cláusulas de preservación del empleo; segundo, mecanismos transitorios de compensación para pymes (por ejemplo, créditos o alivios fiscales temporales) mientras se ajustan a la nueva masa salarial; tercero, cláusulas que garanticen que la suma incorporada se compute efectivamente para aguinaldo e indemnizaciones, evitando doble contabilización o retrocesos contractuales. Recordamos que el cambio técnico no es neutro: el bono de $100.000 fue pagado en enero-marzo y su absorción desde abril modificará la base de cálculo de obligaciones y derechos laborales (FAECYS / iProfesional). Desde nuestra perspectiva, defender la consolidación de salarios es coherente con sostener la demanda interna y proteger empleo de calidad, pero requiere políticas complementarias para que el ajuste no recaiga entero sobre las y los trabajadores.

Cierre: una oportunidad para avanzar en formalidad salarial

La transformación del bono en salario básico es una oportunidad para avanzar en formalidad salarial: convierte un alivio coyuntural en derecho permanente. Pero no alcanza con formalizar: debemos asegurarnos de que esa formalización no traiga destrucción de puestos ni una caída del salario real por carga fiscal o ajustes empresariales. Observamos que la negociación colectiva juega aquí un papel central: puede blindar el poder adquisitivo si se combina con medidas de alivio para las empresas y con políticas públicas que incentiven la producción y el empleo. Defendemos consolidar salarios y proteger el empleo industrial y comercial, manteniendo la mirada sobre quién gana y quién pierde cuando se reacomodan las cuentas laborales.