Un cambio que ya toca a la calle

Vemos en las calles la primera señal palpable: “miles de vehículos eléctricos e híbridos” ya circulan en la Argentina, según el informe “El empleo público cordobés en la era de la flexibilidad” (22/02/2026). Esa presencia no es neutra: trae demanda por infraestructura, servicios de recarga y nuevos oficios técnicos. Pero también plantea un riesgo si la adopción queda solo en importaciones y no se traduce en producción local.

Córdoba: activos reales para una reconversión

La provincia no llega a esta discusión por nostalgia. Según el mismo texto, Córdoba consolidó su industria del conocimiento “desde hace más de dos décadas” (fuente: El empleo publico cordobés…, 22/02/2026). Además, la historia fabril —del Rastrojero y Santa Isabel hasta las plantas actuales— dejó una fuerza laboral calificada y un entramado de proveedores que son la materia prima de cualquier política de producción. Esa combinación de taller, escuela técnica y empresas de software es una ventaja comparativa que debemos aprovechar.

Lo que está pasando en la región y por qué importa

Brasil ya tomó decisiones estratégicas: la alianza Renault–Geely y la instalación de BYD en Bahía son apuestas industriales con escala. En Argentina, la norma dio un paso con el Decreto Nacional 196/2025 que actualiza el marco para vehículos autónomos; la existencia de la norma en 2025 marca una diferencia frente a la situación previa, cuando no había marco regulatorio claro (fuente: El empleo publico cordobés…, 22/02/2026). Pero norma no es fábrica: la política territorial y los incentivos hacen la diferencia entre vender autos importados y producir empleos locales.

Lo que hace falta: infraestructura, normas y financiamiento

La agenda práctica es corta y clara. Primero: red de recarga masiva y potencia en corredores turísticos y logísticos; EPEC ya opera puntos de carga y tarifas específicas, pero hay que escalar la densidad y la potencia (fuente: El empleo publico cordobés…, 22/02/2026). Segundo: reglas para edificios, estacionamientos y centros comerciales que exijan puntos de carga y faciliten la instalación de wallboxes certificados. Tercero: incentivos fiscales temporales para demanda temprana y líneas de crédito para pymes que integren componentes eléctricos y software.

Un ejemplo de política pública en marcha aparece en el mismo informe: la Provincia financiará con $10,5 millones a pymes industriales (fuente: El empleo publico cordobés…, 22/02/2026). Ese tipo de impulso es necesario, pero insuficiente: la escala de la transición exige programas de crédito productivo, capacitación técnica y certificación de proveedores.

Empleo, distribución y riesgo de exclusión

Nuestra primera pregunta frente a cualquier política debe ser por el empleo. La transición puede crear puestos de alta calificación en plantas, talleres y en empresas de software; pero también puede destruir empleos si se privilegia la importación de vehículos completos sobre el desarrollo de cadenas locales. Hay que diseñar incentivos que vinculen producción con empleo registrado y formación profesional. Además, la política debe mirar la distribución: quién gana con la electrificación —empresas globales, proveedores locales, sectores de servicios— y quién puede perder —trabajadores informales en la posventa, sectores que dependen de combustibles fósiles.

Vale sumar una mirada de género: las reconversiones productivas no son neutrales. Las políticas de formación y las vacantes en la cadena de valor deben diseñarse para reducir las brechas de acceso y facilitar la inserción de mujeres en oficios técnicos donde hoy están subrepresentadas.

Cerrar la ventana de oportunidad no es una opción

La integración regional es condición de posibilidad: el Mercosur ofrece escala. Pero la decisión de producir o importar se define en marcos regulatorios, en incentivos al encadenamiento productivo y en políticas laborales que protejan salarios y formalización. Córdoba tiene la ventaja del capital humano y la historia fabril; lo que falta es voluntad y timing. Si el objetivo es empleo de calidad, la política pública debe combinar protección del salario, expansión de la protección social y apoyo activo a la inversión productiva. La industria no espera: la pregunta es si Córdoba decidirá fabricar y programar el futuro a tiempo.