Para integrar el 3% de los hogares con mayores recursos en Argentina hoy se requiere un ingreso mínimo de $30.000.000 mensuales, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina. Ese dato sintetiza la concentración de recursos y el acceso diferencial a servicios públicos de calidad, ahorro e inversión en capital humano que separa a los estratos superiores del resto.
¿Qué muestran los umbrales de ingreso?
El informe del ODSA detalla tramos claros: el 3% superior necesita al menos $30 millones mensuales; la clase media alta (7%) parte desde $15 millones; el 20% de sectores medios integrados tiene un piso de $5 millones (ODSA, UCA). Estos umbrales son cifras nominales que reflejan la heterogeneidad del mercado pero, sobre todo, la posibilidad real de proyectar decisiones económicas a largo plazo.
Vemos una distancia notable entre segmentos: el umbral del 3% es seis veces el piso del 20% medio integrado ($30.000.000 vs $5.000.000) y quince veces el del 20% no indigente en la base ($30.000.000 vs $800.000). Esos cocientes ilustran no sólo ingresos distintos sino distintas capacidades para enfrentar choques y acceder a oportunidades.
¿Cómo impacta esto en empleo y movilidad social?
El ODSA ubica en el tercio inferior a hogares con inserciones informales o de subsistencia, donde el 20% no indigente necesita al menos $800.000 mensuales (ODSA, UCA). Estos hogares padecen baja productividad y alta fragilidad laboral: la informalidad reduce el acceso a derechos laborales y a mecanismos de ahorro que facilitan la inversión en educación y salud.
El informe también señala que la mejora observada en indicadores sociales entre 2023 y 2025 se explica más por la desaceleración inflacionaria que por una recomposición sostenida del poder adquisitivo (ODSA, UCA). Eso implica una recuperación frágil: sin empleo formal y políticas activas, la estabilización macroeconómica corre el riesgo de consolidar una estructura más desigual con menor movilidad ascendente.
¿Qué rol jugaron las políticas recientes?
El ODSA advierte que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis heredada, aunque hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización parcial comenzó a moderar pobreza e indigencia (ODSA, UCA). La lectura es clara: estabilizar es necesario, pero no suficiente para recomponer ingresos reales ni para reconstruir trayectorias laborales.
Las cifras de umbrales confirman que la recuperación basada en la baja de la inflación puede beneficiar desigualmente; quienes ya tienen capacidad de ahorro y activos captan la mejora con mayor rapidez. En cambio, los hogares con ingresos en torno a $800.000 mensuales siguen expuestos a cualquier recrudecimiento macroeconómico.
¿Qué políticas hacen falta para abrir movilidad?
Observamos que la movilización social requiere combinar estabilización con políticas activas de empleo, protección de salarios y fortalecimiento pyme. Defendemos consolidar salarios —incorporando sumas al básico y evitando pérdida de empleo— y proteger el empleo industrial mediante protección selectiva y crédito orientado a inversión productiva (coherente con posiciones previas publicadas el 25-26/02/2026).
El ODSA subraya la necesidad de mecanismos de transición inclusivos: programas de formación vinculados a demanda productiva, fortalecimiento de la formalización y políticas territoriales para reducir la fragmentación. Sin estas medidas, la estabilización podría derivar en una sociedad con mayor concentración de ingresos y menor movilidad. Las cifras del ODSA dejan claro que la política económica debe medirse también por su impacto en la distribución y en la capacidad de las familias para proyectar el futuro.