En mayo de 2026 la jubilación mínima es $393.250,17 y, con el refuerzo mensual de $70.000, el haber total alcanza $463.250,17, según el informe publicado por iProfesional con datos oficiales de ANSES; el ajuste aplicado fue de 3,4% mensual ligado a la inflación de marzo medida por el INDEC. Esta apertura informa lo esencial: montos vigentes, mecanismo de actualización y la continuidad del bono que no varió en más de dos años, y sirve además como base para evaluar el impacto real sobre el consumo y la protección social.

¿Cómo se calcula el haber y quiénes se benefician?

El haber inicial se determina promediando los últimos 120 salarios registrados del trabajador, es decir los 10 años finales de actividad, y exige como requisito mínimo 30 años de aportes para acceder a la jubilación ordinaria, según la descripción del régimen publicada por iProfesional y la normativa de ANSES. Para quienes se jubilan desde diciembre de 2025 rige la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano, que introduce un índice mixto combinando RIPTE y el índice de movilidad previsional; esa modificación afecta a las nuevas jubilaciones y busca atar el cálculo a variaciones salariales más recientes. Además, el sistema reconoce un 1% adicional por cada año aportado por encima de los 30, hasta un tope de 15% (equivalente a 45 años de contribuciones), y mantiene la garantía de que si el haber queda por debajo del mínimo vigente se paga la jubilación mínima.

¿Qué impacto real tiene el ajuste de mayo en el poder adquisitivo?

El ajuste del 3,4% aplicado en mayo (vinculado a la inflación de marzo, según INDEC) ofrece un alivio puntual pero enfrenta dos límites: el monto del bono de $70.000, que sigue fijo desde hace más de dos años, y la erosión acumulada del poder de compra frente a subas de precios y tarifas, tal como muestran los reclamos judiciales por reajuste que la Corte Suprema ha reconocido en fallos recientes, según reportes judiciales reflejados en la cobertura de iProfesional. En términos de montos, la prestación máxima informada es $2.646.201,22, lo que evidencia la dispersión interna del sistema; sin embargo, la mayoría de los jubilados se concentra en torno de la mínima y los PUAM, donde incluso un 3,4% mensual puede no alcanzar a compensar aumentos en alimentos o servicios regulados. Vemos, por tanto, que la movilidad mensual ayuda a contener la caída del ingreso real pero no la corrige automáticamente en sectores con pérdida acumulada.

Qué políticas son necesarias para proteger jubilaciones sin recortes

Partimos de una premisa: las jubilaciones no deben financiarse vía recortes, porque son ingresos que sostienen demanda y consumo. Proponemos medidas focalizadas y temporales: topes a aumentos tarifarios para segmentos medios altos, reempadronamiento y transparencia en la asignación de subsidios, y uso parcial y controlado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para crédito productivo y vivienda con topes y rendición pública, en línea con posiciones previas del equipo. Además, apoyar la acumulación ordenada de reservas y el acceso a financiamiento externo debe hacerse sin condicionar el bienestar de los jubilados; en la práctica eso implica negociar términos de crédito y priorizar instrumentos que no impliquen ajuste sobre haberes. Con cifras claras —jubilación mínima $393.250,17, bono $70.000, tope adicional de 15% por años aportados— proponemos políticas que preserven ingreso y demanda interna mientras se avanza en disciplina fiscal por vías que no recorten pensiones.