La rama general de Empleados de Comercio incorporará a los básicos, a partir de abril de 2026, dos sumas que en conjunto representan $100.000 —$60.000 y $40.000— que hasta ahora se pagaban como no remunerativas y pasarán a formar parte del salario básico; la liquidación de abril se pagará en mayo, según FAECyS e iProfesional. Esta modificación no es sólo contable: eleva el piso sobre el que se calculan horas extras, aportes jubilatorios y potencialmente las indemnizaciones, con efectos concretos en el bolsillo y en la carga laboral de los comercios.

¿Qué cambia en el bolsillo y en el cálculo de las horas extras?

El aumento más inmediato es aritmético: al incorporarse $60.000 y $40.000 al básico en abril, el salario ordinario usado para calcular horas extra sube automáticamente (según FAECyS e iProfesional). Para calcular una hora extra se divide el sueldo bruto por 30 y luego por la jornada diaria, que en convenio es de 8 horas y 48 horas semanales; los recargos son del 50% en hábiles y hasta sábados 13h, y del 100% en domingos, feriados y sábados después de las 13h (iProfesional). Ese cambio beneficia en particular a quienes realizan horas suplementarias de forma habitual: por ejemplo, las escalas publicadas muestran pisos como Maestranza A en $1.155.795 y Administrativo A en $1.167.268 (iProfesional), cifras que ahora formarán la base para los adicionales. Además, al pasar componentes no remunerativos a remunerativos, el neto puede cambiar en sentido inverso por mayores aportes, pero el efecto más visible será el aumento del valor horario y, por ende, de los salarios totales de quienes hacen horas extra.

¿Cómo impacta esto en las empresas y en el empleo?

La incorporación al básico no es neutra para el sector empresario: convierte partidas que eran costo corriente en base para aportes y cargas sociales, y aumenta contingencias como indemnizaciones. FAECyS lo reconoce al señalar el impacto en aportes jubilatorios e indemnizaciones (iProfesional). En comercios con alta rotación o márgenes delgados —especialmente PYMES y comercios barriales— ese aumento de costo promedio por empleado puede presionar márgenes y decisiones de personal. Desde nuestra lente de política económica, el desafío es doble: proteger el salario y la formalidad sin empujar ajuste por costos que destruya empleo. Por eso apoyamos medidas de acompañamiento—créditos con tasa subsidiada, compensaciones temporales a PYMES y reducción transitoria de cargas para nuevos contratos—que permitan absorber el incremento salarial sin recurrir a despidos ni precarización.

¿Quién gana y quién pierde con esta modificación?

Ganan de manera directa quienes realizan horas extras con frecuencia: un aumento del básico eleva el valor del recargo horario y mejora el ingreso de trabajadores con jornadas extendidas. También mejora la cobertura previsional de quienes veían esas sumas como no aportadas. Pierden, en términos relativos, algunos empleadores por el salto en cargas y empresas con estructuras muy ajustadas de costos; si no hay políticas que mitiguen el efecto, puede haber contracción de horas o reemplazo por contratos más flexibles. Desde la perspectiva distributiva, esta medida es progresiva: fortalece la base contributiva y el salario formal, y es coherente con nuestra posición de apoyar la consolidación fiscal que no se financie con recortes previsionales ni salariales. Además, conviene recordar que el comercio concentra una proporción importante de empleo femenino y de ingresos medianos; mejorar la remuneración y la protección previsional allí tiene un efecto distributivo y de género relevante.

Como cierre, la incorporación de $100.000 al básico —anunciada por FAECyS e informada por iProfesional— corrige una vieja demanda del sector y mejora la formalidad salarial, pero no es suficiente por sí sola. Vemos necesario que el Estado combine esta mejora con políticas activas para PYMES, alivio transitorio de cargas para nuevos empleos y controles que eviten la precarización, porque la consolidación fiscal debe construirse sin recortar jubilaciones ni salarios y con medidas productivas que sostengan empleo e industria.