El cierre de FATE es una señal de alarma con nombre propio. Vemos no solo el final de una planta icónica, sino el efecto multiplicador sobre proveedores, empleos calificados y economías regionales. Según el informe de Fundar, 21.938 compañías desaparecieron desde diciembre de 2023, lo que representa la peor caída en los primeros 24 meses de un gobierno desde 2003.

Datos que alarman

Los números son elocuentes y múltiples fuentes coinciden en la magnitud del derrumbe. Fundar registra una contracción del tejido empresarial del 4,3% durante la gestión actual y contabiliza 892 bajas adicionales solo en noviembre, consolidando la decimocuarta caída mensual consecutiva. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo aporta otra fotografía inquietante: 10.123 unidades productivas perdidas en el último año y caídas en 23 de las 24 provincias.

También pesa el dato agregado que circula en el sector: más de 22.000 firmas cerraron desde la asunción del gobierno, según fuentes empresarias citadas por PERFIL. A la par, empresarios y cámaras advierten que 2026 será un año más duro que 2025 y esperan más cierres de medianas y pymes si no se corrige la política económica.

Por qué ocurre esto

Observamos una confluencia de factores. Primero, la recesión y la caída del consumo reducen la demanda interna que tradicionalmente sostiene muchas ramas industriales. Segundo, la apertura rápida de importaciones expone a fábricas con costos locales más altos a competir contra bienes importados, frecuentemente provenientes de cadenas productivas con economías de escala muy superiores.

A esto se suma el shock de costos financieros y tributarios: tasas elevadas, morosidad creciente en provincias con tejido productivo golpeado y la falta de mecanismos ágiles de alivio para deudas pyme. Las empresas cuentan que han venido usando ahorros personales como colchón y que ese margen se está agotando, algo que ya se refleja en cierres preventivos para evitar quiebras familiares.

Un tercer factor político es la interpretación del proceso de estabilización. Voces del establishment ven una estabilización a mediano plazo, pero temen que llegue cuando muchas empresas ya estén liquidadas y su capital sea comprado muy barato por actores externos. En ese marco, circula la proyección de flujos por parte de referentes financieros, como la mención de USD 15.000 millones vinculados a decisiones fiscales, pero esos recursos no mitigarán automáticamente la pérdida de capacidades productivas si no van acompañados de políticas específicas para la industria y el empleo.

¿Qué está en juego socialmente?

La destrucción industrial no es solo una cifra: es empleo de calidad, formación técnica, encadenamientos productivos y bases para el desarrollo regional. Vemos además un riesgo de concentración del capital y pérdida de empresas nacionales que hoy integran cadenas de valor. El costo para las mujeres y hogares es también relevante: la caída del salario y del empleo formal aumenta la fragilidad de los ingresos y recarga tareas de cuidado no remuneradas, que afectan de modo diferencial a las mujeres.

Qué deberíamos exigir como prioridades de política

Primero, proteger el empleo y los salarios. Nuestra postura es clara: consolidar salarios y sostener la demanda es condición para evitar más cierres y preservar consumo interno. Segundo, una administración de la apertura comercial que combine controles transitorios, salvaguardias sectoriales y calendarios de adaptación para industrias vulnerables.

Tercero, crédito subsidiado y reestructuración fiscal dirigida a pymes con cadenas de valor estratégicas, para evitar que el ahorro personal de los empresarios sea la última línea de defensa. Cuarto, políticas activas de sustitución competitiva y apoyo a la innovación para recomponer productividad sin sacrificar empleos.

Cierre

No se trata de pedir protección para siempre, sino de evitar que la modernización sea sinónimo de cementerio industrial. Si 2026 va a ser más duro, como advierten los industriales, hay que cambiar el rumbo ahora mismo: priorizar el empleo, regular la apertura frente a impactos asimétricos y destinar recursos públicos a sostener capacidades productivas. De lo contrario, no solo perderemos fábricas; perderemos también la posibilidad de reconstruir un perfil industrial competitivo y con trabajo digno.