La expansión de Vaca Muerta no eliminó el problema central: la Argentina puede producir más gas pero no tiene la infraestructura ni el esquema fiscal adecuados para abastecer al mercado interno sin poner tensión en la caja pública. Según FIEL, las retenciones a la exportación de crudo subieron de 3,6% a 8%, pero esa suba no alcanzaría a cubrir los mayores costos derivados de contratar barcos de gas licuado. Al mismo tiempo, Iaraf estima que el gasto público en subsidios a la energía aumentó 86% en términos reales en lo que va del año, mientras que los subsidios al transporte se recortaron 31% en el mismo periodo.
¿Qué está fallando entre producción y suministro?
Vaca Muerta produce más gas, pero la limitación está en el transporte y la logística. La inauguración del gasoducto en 2023 permitió transportar apenas 11 millones de metros cúbicos cuando el proyecto tiene potencial para 40 millones, según expertos en energía citados por iProfesional. Esa brecha obliga a recurrir a GNL: la Unión Industrial de Salta advierte que su precio puede ser hasta seis veces superior al gas producido en Neuquén, lo que hace inviable su uso masivo para industrias regionales. Además, desde esta semana empresas como Naturgy y Metrogas aplicaron restricciones al servicio interrumpible y al suministro de GNC, limitando ventas al “firme contratado”. El resultado es una doble tensión: abundancia geológica frente a cuellos de botella físicos y costos logísticos que encarecen provisión doméstica.
¿Cómo impacta esto en la fiscalidad y en los precios domésticos?
La herramienta fiscal —retenciones móviles con tope del 8% vigente desde 2020— quedó corta en una fase de precios internacionales altos. Daniel Artana, de FIEL, critica el diseño porque los costos logísticos y de transporte suelen moverse más lento que los precios, por lo que un tope tan bajo captura poco de la renta extraordinaria. En marzo, el impuesto a los combustibles alcanzó una suba real de 35% y ya representa más de 3% de la recaudación total, según la cobertura de iProfesional. Con una inflación aún sensible al movimiento de tarifas, trasladar ese costo al consumidor presiona precios y empleo; recortarlo desde la caja fiscal, a su vez, aumenta el déficit. Por eso los economistas temen que la combinación de mayores importaciones de GNL y retenciones mal calibradas deteriore las cuentas públicas sin resolver la oferta.
Qué proponemos desde nuestra lente: prioridades y opciones concretas
Vemos necesario combinar medidas de corto plazo con políticas de inversión. En coherencia con nuestra postura reciente, apoyamos la acumulación ordenada de reservas y la estabilización, pero no a costa de recortes a salarios o jubilaciones; preferimos topes temporales y focalizados a aumentos tarifarios que protejan el consumo. En lo inmediato, proponemos: 1) reactivar licitaciones de importación de GNL con mayor antelación y competencia pública-privada para reducir costos logísticos; 2) un rediseño temporal de las retenciones que permita indexarlas a costos de transporte o a un parámetro internacional, evitando techos que licúan la recaudación; 3) prioridad de inversión en compresoras y ampliación de capacidad del gasoducto (Tratayén, Salliqueló, Mercedes) como inversión productiva que crea empleo; y 4) medidas compensatorias para las provincias productoras mediante transparencia en regalías. Creemos que así se protege el mercado interno, la industria (cerámica, ingenios, curtiembres, minería) y la caja fiscal sin trasladar el ajuste sobre los salarios ni las jubilaciones.
