Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, dijo en una entrevista con Ámbito que la Ley de Inocencia Fiscal “no tuvo por ahora la efectividad” del blanqueo anterior y que las entidades seguirán pidiendo justificar el origen de los fondos. Según sus declaraciones, el Gobierno compró “US$3.000 millones” de reservas y el tipo de cambio cotiza “en torno a $1.400” — datos que Rivas explicó en el marco del evento Argentina Week (fuente: Ámbito).

¿Qué dijo exactamente y por qué importa?

Rivas planteó dos ideas simples y concretas: primero, no llegó una oleada de depósitos como en el blanqueo previo; segundo, los bancos deben seguir cumpliendo con la normativa de la Unidad de Información Financiera, por lo que pedirán pruebas del origen del dinero. Ese combo es relevante para quien piensa aprovechar la Ley de Inocencia Fiscal: la existencia de una norma fiscal no anula las obligaciones de compliance del sistema financiero. En la entrevista también afirmó que el precio del dólar “está en torno a $1.400” y que el Gobierno compró “US$3.000 millones” de reservas, lo que, según él, reduce la urgencia de salir a colocar bonos en el exterior (fuente: Ámbito). Para el lector, la conclusión directa es que no alcanza con la ley: habrá controles bancarios.

¿Cómo impacta esto en el ahorro de los hogares y la demanda de crédito?

Vemos dos efectos prácticos. Por un lado, la capacidad de pago de los individuos sigue siendo un tema: Rivas señaló que la mora de personas fue “el gran tema” y que el cost of risk tocó su pico en el cuarto trimestre del año pasado, aunque comenzó a bajar desde entonces (fuente: Ámbito). Por otro lado, la inflación todavía tira contra el poder de compra: según Ámbito, la inflación de febrero fue 2,9% (mensual) y el IPC núcleo 3,1% (mensual), datos que presionan presupuestos y explican el endurecimiento de criterios de crédito. En la práctica, eso significa que la demanda de tarjeta y préstamos puede seguir baja mientras la gente prioriza liquidez.

¿Qué señales para tasas, mora y crédito en 2026?

Rivas describe 2026 como “un año de transición hacia el crecimiento” y proyecta un PBI que crecería 3,5% en 2026 (anual) — según Ámbito —, pero advierte que la mejora será heterogénea entre sectores. Desde la banca, la expectativa es que la mora individual vaya cediendo durante el año y siga bajando en 2027, aunque la cartera irregular tarde en limpiarse por la mecánica contable: una pérdida se reconoce y luego demora en reducir el ratio de cartera mala sobre buena. Además, Rivas destacó la importancia de darle menor volatilidad a las tasas para que las empresas planeen inversiones. Para quien evalúa endeudarse, esto implica preferir estructuras previsibles (por ejemplo, UVA o contratos que ajusten por inflación) y evitar créditos con CFT alto que empeoran si las condiciones macro siguen volátiles.

Qué puede hacer el ahorrista ahora

Recomendamos medidas prácticas y concretas. Primero, conservar parte del ahorro en dólares o en instrumentos indexados para preservar valor; la postura coincide con nuestras notas previas. Segundo, antes de ingresar grandes sumas por la Ley de Inocencia Fiscal, preparar documentación que justifique el origen de los fondos y consultar al banco sobre requisitos de la UIF; los bancos, según Rivas, seguirán pidiendo esa documentación (fuente: Ámbito). Tercero, no asumir que una norma fiscal elimina el riesgo de controles o de preguntas sobre tributación. Cuarto, evitar endeudarse con tasas o CFT altos: simular la cuota real y el CFT antes de firmar. Por último, si la idea es aprovechar oportunidades de inversión internacionales (cedears, bonos en dólares), chequear plazos y costos y mantener un colchón de pesos para gastos operativos.

En resumen, la Ley de Inocencia Fiscal puede abrir una ventana, pero no sustituye al control bancario ni a la prudencia del ahorrista. Vemos una mejora gradual en mora y una agenda pro-inversores, pero lo práctico para cada uno es documentar, diversificar y no meter todo el ahorro en una sola jugada.